Claves de la propuesta de reforma del mercado eléctrico de la Comisión Europea

Tras el compromiso al que llegaron hace algunos meses los ministros de Energía de la Unión Europea para reformar el mercado eléctrico, la Comisión Europea ha elaborado una propuesta de reforma que acaba de hacer pública la pasada semana. Uno de los objetivos del plan consiste en cambiar el actual sistema de fijación de precios, que determina que este queda vinculado al de la fuente de energía más cara de las que entran en el sistema en cada momento, independientemente de la aportación de las energías más baratas.

Proteger a los consumidores de la volatilidad de los precios es considerado el primer objetivo de esta iniciativa, pero también abaratar el precio de la energía y hacer llegar a los consumidores el efecto que suponen los bajos costes de las energías renovables. También se considera prioritario ofrecer certidumbre y más visibilidad a generadores y consumidores, así como acelerar la transición energética, incentivar las renovables y reducir la dependencia del gas.

Lo que la Comsión Europea propone es que se mantenga el sistema de precios marginalista para el mercado intradía, de forma que la tecnología más cara, que suele ser el gas, sea la que fije el precio de las restantes formas de generación. Pero también quiere reducir la exposición a ese mercado volátil, a través del desarrollo de los mercados a plazo, con los contratos por diferencias bilaterales (CfDs) y los acuerdos de compraventa de energía (PPAs) en el ámbito privado. Los primeros se basan en que las compañías acuerdan con el comprador (un regulador que propone el Estado) la venta de la energía a un precio determinado sobre un periodo de tiempo más o menos largo (varios años) para garantizar al productor una fuente estable de ingresos. Si el precio de mercado es inferior al acordado, las autoridades públicas pagan la diferencia a la compañía; pero si es superior, es la compañía la que transfiere la diferencia a las arcas públicas y los ingresos que se produzcan se destinarán a rebajar la factura de todos los consumidores.

En el caso de los PPA (Price Purchase Agreement), compañías energéticas y empresas industriales acuerdan el suministro durante un tiempo determinado a un precio previamente fijado. La Comisión quiere reducir los riesgos financieros asociados al impago del comprador, incluyendo garantías estatales.

Críticas a la propuesta

Las primeras críticas a la propuesta sugieren que no se trata como tal de una reforma, sino tan sólo de una evolución del sistema actual, sin cambios radicales y mucho menos profunda, por ejemplo, que la propuesta que realizó el Gobierno español hace algunos meses. Además de mantenerse el sistema marginalista tampoco se establecen precios regulados para las instalaciones nucleares o hidráulicas, que ya están amortizadas. Además, los CfD se aplicarán solo para las nuevas instalaciones que no usen energías fósiles y que además cuenten con algún tipo de ayuda estatal. Otras fuentes señalan que se trata de una reforma tan débil que las medidas podrían ser aprobadas por los propios estados sin necesidad de intervención europea y de acuerdo a la actual legalidad.

Tras la presentación de su propuesta, la Comisión Europea debe negociar su versión final con los diferentes estados miembros y también con el Parlamento Europeo, por lo que no se prevé que pueda aprobarse una versión definitiva antes del próximo año.

Propuesta española

La propuesta que el Gobierno español remitió a la Comisión Europea hace sólo dos meses pasaba por establecer un precio fijo y regulado para la energía producida en centrales nucleares e hidráulicas, para situarlas lejos de los vaivenes del mercado mayorista. Además, cada país podría intervenir hasta cierto grado en su propio mercado y el precio de las renovables más reconocidas se fijaría mediante subasta, ampliando el alcance de las posibilidades actuales.  lo que dejaría a esa producción fuera de los avatares del mercado mayorista de la electricidad. Para los sistemas de generación en los que se emplea el gas, como es el caso de los ciclos combinados, se preveían las llamadas subastas de capacidad, en las que se tendría en cuenta además su aportación al conjunto del sistema y su garantía para sostener al propio sistema, en el caso de que sea necesario. Su precio se determinaría en función de la compensación fijada previamente por el volumen vendida y también en función de una prima por disponibilidad, sin que el mercado influya en su precio en cada franja horaria, como ocurre ahora.

Valoraciones positivas

También ha habido valoraciones favorables, como la de la patronal eólica, la Asociación Empresarial Eólica, que considera que “la propuesta va en la buena dirección de la transición energética y ofrece a los consumidores el menor precio de electricidad renovable”, así como también que “debe tener vocación de permanencia a largo plazo y no verse afectada en su diseño estructural por la coyuntura de gestión de la actual crisis”. Añaden igualmente que la propuesta de la Comisión Europea “identifica que la solución para los altos precios de la electricidad es la apuesta por las inversiones a largo plazo en energías renovables como la eólica”.