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Este martes el Parlamento Europeo debe aprobar el nuevo Reglamento Europeo contra la Morosidad que reclaman las empresas

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Este martes el Parlamento Europeo debe aprobar el nuevo Reglamento Europeo contra la Morosidad que reclaman las empresas Este martes 23 de abril, en su último plenario antes de las elecciones de junio, el Parlamento Europeo tiene previsto aprobar el nuevo Reglamento Europeo contra la Morosidad, que es de obligado cumplimiento y prevé sancionar a las empresas morosas si exceden del plazo de pago general fijado en 30 días. La nueva norma debería marcar “el fin de los plazos abusivos que minan la competitividad y viabilidad de las empresas, especialmente las pymes y autónomos, afectando su productividad y capacidad de empleo”, según la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad. En todo caso, después de su aprobación en el Parlamento, la normativa tendrá que pasar por el Consejo de la Unión Europea. Mientras tanto, en España, la situación de los plazos de pago sigue manteniendo niveles muy por encima de lo establecido en la ley. La semana pasada, la PMcM presentó en la sede de Cesce, en Madrid su “Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2023”, y sus conclusiones reflejan que durante 2023 el plazo medio de pago del sector privado aumentó 3 días (hasta los 70 días de media), mientras que el del sector público se redujo 12 días (hasta situarse en una media de 55 días). Ambos están por encima de los plazos máximos que dicta la Ley 15/2010, que son de 60 días para las empresas y de 30 días para las Administraciones Públicas. En el ámbito privado, destaca el hecho de que quienes peor pagan son las grandes empresas, más de 8 de cada 10 de ellas lo hacen por encima del plazo legal, el 45 % lo hacen a más de 90 días y el 36 % entre 60 y 90 días. Sólo el restante 19 % pagan dentro del plazo establecido. En el ámbito público, es la Administración Local la que tarda más en pagar según opina un 53 % de los encuestados, mientras un 32 % cree que es la Administración Regional, y el 15 % restante se lo achaca a la Administración Central. Del estudio estadístico se desprenden también otros datos, como que al 62 % de los proveedores se les imponen plazos de pago superiores a los permitidos por ley, sin que ello tenga consecuencias, o también que el 93 % de los proveedores no exigieron la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago, y el 85 % nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora. El análisis concluye también que los subcontratistas cobran de los contratistas principales a 99 días de media y la PMcM denuncia casos de asociados han recibido contratos en los que el medio de pago es un confirming a 240 días en obras en las que operan como subcontratistas. Por esto último, la Plataforma reitera la denuncia sobre que “la cadena de pagos en el sector público está mal controlada y esto permite que el dinero no fluya hasta el último eslabón, los subcontratistas, en su mayoría pymes y autónomos”. El hecho de que no se están controlando los pagos de los principales contratistas a subcontratistas ha sido constatado por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, Oreiscon, en su último informe anual publicado. La PMcM insiste también en que “la falta de información impide la supervisión de obligaciones impuestas a las Administraciones Públicas, tales como si se verifica el pago del adjudicatario a los subcontratistas y proveedores”. El porcentaje de licitaciones de las que no se tiene datos, en relación a su subcontratación, aumentó en 2022 al 96,59 %, esto es, 13.327 licitaciones. Nuevo Reglamento Europeo contra la Morosidad Respecto a la aprobación del nuevo Reglamento Europeo contra la Morosidad, el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, cree que marcará “el fin de los plazos abusivos que minan la competitividad y viabilidad de las empresas, especialmente las pymes y autónomos, afectando su productividad y capacidad de empleo”, y añade que “mejorará sin lugar a dudas la liquidez económica y, por ende, la viabilidad de las empresas”. Pero la Plataforma considera también que hasta su aprobación definitiva, debe continuar “vigilante para evitar que las presiones de los lobbies empresariales consigan frenar la tramitación del reglamento”. Cañete adelantó también que la Plataforma formará parte del Consejo Estatal de la Pyme y, de este modo, también del Observatorio de la Morosidad, que debe empezar a funcionar en un breve periodo. Este martes el Parlamento Europeo debe aprobar el nuevo Reglamento Europeo contra la Morosidad que reclaman las empresas

Este martes 23 de abril, en su último plenario antes de las elecciones de junio, el Parlamento Europeo tiene previsto aprobar el nuevo Reglamento Europeo contra la Morosidad, que es de obligado cumplimiento y prevé sancionar a las empresas morosas si exceden del plazo de pago general fijado en 30 días. La nueva norma debería marcar “el fin de los plazos abusivos que minan la competitividad y viabilidad de las empresas, especialmente las pymes y autónomos, afectando su productividad y capacidad de empleo”, según la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad. En todo caso, después de su aprobación en el Parlamento, la normativa tendrá que pasar por el Consejo de la Unión Europea.

 

Mientras tanto, en España, la situación de los plazos de pago sigue manteniendo niveles muy por encima de lo establecido en la ley. La semana pasada, la PMcM presentó en la sede de Cesce, en Madrid su “Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2023”, y sus conclusiones reflejan que durante 2023 el plazo medio de pago del sector privado aumentó 3 días (hasta los 70 días de media), mientras que el del sector público se redujo 12 días (hasta situarse en una media de 55 días). Ambos están por encima de los plazos máximos que dicta la Ley 15/2010, que son de 60 días para las empresas y de 30 días para las Administraciones Públicas.

 

Las grandes empresas pagan mucho peor que las pequeñas

En el ámbito privado, destaca el hecho de que quienes peor pagan son las grandes empresas, más de 8 de cada 10 de ellas lo hacen por encima del plazo legal, el 45 % lo hacen a más de 90 días y el 36 % entre 60 y 90 días. Sólo el restante 19 % pagan dentro del plazo establecido. En el ámbito público, es la Administración Local la que tarda más en pagar según opina un 53 % de los encuestados, mientras un 32 % cree que es la Administración Regional, y el 15 % restante se lo achaca a la Administración Central.

Del estudio estadístico se desprenden también otros datos, como que al 62 % de los proveedores se les imponen plazos de pago superiores a los permitidos por ley, sin que ello tenga consecuencias, o también que el 93 % de los proveedores no exigieron la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago, y el 85 % nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora.

 

Los subcontratistas cobran a 99 días de media

El análisis concluye también que los subcontratistas cobran de los contratistas principales a 99 días de media y la PMcM denuncia casos de asociados han recibido contratos en los que el medio de pago es un confirming a 240 días en obras en las que operan como subcontratistas. Por esto último, la Plataforma reitera la denuncia sobre que “la cadena de pagos en el sector público está mal controlada y esto permite que el dinero no fluya hasta el último eslabón, los subcontratistas, en su mayoría pymes y autónomos”. El hecho de que no se están controlando los pagos de los principales contratistas a subcontratistas ha sido constatado por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, Oreiscon, en su último informe anual publicado. La PMcM insiste también en que “la falta de información impide la supervisión de obligaciones impuestas a las Administraciones Públicas, tales como si se verifica el pago del adjudicatario a los subcontratistas y proveedores”. El porcentaje de licitaciones de las que no se tiene datos, en relación a su subcontratación, aumentó en 2022 al 96,59 %, esto es, 13.327 licitaciones.

 

Nuevo Reglamento Europeo contra la Morosidad

Respecto a la aprobación del nuevo Reglamento Europeo contra la Morosidad, el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, cree que marcará “el fin de los plazos abusivos que minan la competitividad y viabilidad de las empresas, especialmente las pymes y autónomos, afectando su productividad y capacidad de empleo”, y añade que “mejorará sin lugar a dudas la liquidez económica y, por ende, la viabilidad de las empresas”. Pero la Plataforma considera también que hasta su aprobación definitiva, debe continuar “vigilante para evitar que las presiones de los lobbies empresariales consigan frenar la tramitación del reglamento”. Cañete adelantó también que la Plataforma formará parte del Consejo Estatal de la Pyme y, de este modo, también del Observatorio de la Morosidad, que debe empezar a funcionar en un breve periodo.

Tras la presentación del informe, la PMcM organizó un encuentro con los europarlamentarios Laura Ballarín Cereza (Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo), y Pablo Arias Echeverría (Grupo del Partido Popular Europeo), en un “momento especialmente sensible, dada la importante negociación que se está produciendo en la UE con respecto al nuevo reglamento de los plazos de pago, como es la adopción urgente de una norma revisada sobre morosidad que proporcione a las pymes un marco jurídico sólido y previsible para hacer frente a los retrasos en los pagos, tanto en las relaciones entre empresas como entre empresas y administraciones públicas”, explicó Cañete.