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Abril concluye con una subida del recibo de la luz del 46 %, la mayor de la historia

Según los datos de Facua-Consumidores en Acción, la factura eléctrica subió en abril 26 euros de media con respecto al mismo mes del pasado año. Se trata de la mayor subida interanual de la historia en el recibo de la luz, un 46,4 % más en la tarifa semirregulada o PVPC, Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor.

 

El aumento de precio medio del kilovatio hora hace que en abril la factura del usuario medio alcance los 81,55 euros, frente a los 55,71 euros de hace un año. Ese usuario medio, según el análisis, tiene una potencia contratada de 4,4 kW y un consumo de 366 kWh mensuales y las tarifas por el consumo se aplican prorrateadas a la media de todo el mes. Es un perfil elaborado tras el análisis de varias decenas de miles de facturas de viviendas habitadas. El kWh ha experimentado un incremento del 70,7 %, pasando de los 9,98 céntimos -impuestos indirectos incluidos- de abril del año pasado a 17,04 euros en los últimos 30 días. Facua también recuerda que en abril de 2020 el kWh tuvo el precio más bajo en 16 años (durante todo 2004 se fijó en 9,95 céntimos).

Este incremento desbordado se, principalmente, a los máximos históricos que ha alcanzado el precio del CO2 en Europa, que sigue siendo determinante para la configuración de las tarifas en el mercado mayorista español. No obstante, desde la organización de consumidores se mantiene el consejo a los usuarios para que “no caigan en la trampa de contratar tarifas del mercado libre y mantengan o se den de alta en el semirregulado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, que ofertan las comercializadoras de referencia impuestas por el Gobierno. Los estudios realizados por la asociación año tras año ponen de manifiesto que el PVPC es la tarifa más competitiva y sólo está por encima de algunas ofertas del mercado libre en meses puntuales”.

Por otro lado, desde la propia organización se lamenta “que el Gobierno no acelere el cumplimiento de los compromisos programáticos adoptados por PSOE y Unidas Podemos al inicio de la legislatura en materia de política energética. Entre ellas, la bajada del elevadísimo precio del término de potencia, la aplicación de un precio más bajo para los primeros kWh consumidos y la eliminación de la sobrerretribución que reciben en el mercado mayorista determinadas tecnologías que fueron instaladas en un marco regulatorio diferente, anterior a la liberalización y que han recuperado sobradamente sus costes de inversión”. También reclaman “una bajada sustancial de los impuestos indirectos” que se aplican a la factura, que superan el 27 %, al sumarse el IVA general del 21 % con el impuesto especial sobre la electricidad. E igualmente una reforma del bono social “para que muchos más consumidores puedan acceder a él y aumente el descuento que representa sobre la tarifa semirregulada”.