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“Inspeccionar las instalaciones eléctricas evitaría tragedias”, defiende Asinelte

Asinelte, Asociación de Empresas de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Santa Cruz de Tenerife, ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para recordar “la obligación de inspeccionar y revisar las instalaciones eléctricas cada diez años para detectar y corregir las deficiencias detectadas en instalaciones comunes de baja tensión, como contadores, enchufes, regletas y tomas de tierra en malas condiciones. Esto evitaría tragedias”.

 

El comunicado surge a raíz de la tragedia que ocupó un espacio protagonista en los medios de comunicación la semana pasada, con motivo del incendio en una residencia de ancianos de Valencia en el que fallecieron seis personas y otras tres resultaron heridas graves, y cuyo origen, tuvo que ver, supuestamente, con una anomalía eléctrica causada por una regleta de la instalación, según una evaluación inicial del siniestro.

Para el presidente de la asociación tinerfeña, Alberto Pérez Sanguino, en ocasiones se descubren fallos de especial gravedad, “por ejemplo, las centralizaciones de los contadores se encuentran obsoletas muchas veces y sin cumplir normas; las tomas de tierra presentan deficiencias o muchos edificios no la tienen o presentan en condiciones de poca resistividad en lugar de alta para defenderse de las derivaciones individuales; hay circuitos que no cumplen con la reglamentación actual en el sentido de que conectan lavadoras, microondas y lavaplatos en un enchufe de 16 amperios. O de otro enchufe sacan un ladrón para conectar lavadora y horno al mismo tiempo…”. Subraya que existen “muchísimas variantes importantes, pero sobre todo las revisiones periódicas cada diez años y también todos los edificios antiguos rehabilitarlos porque no se está haciendo y las tomas de tierra”.

 

Profesionales homologados y responsabilidad

Insiste también en “la necesidad de impulsar la implantación práctica de la cultura de la seguridad eléctrica preventiva” y que “todas aquellas modificaciones que las comunidades de vecinos vayan a acometer en las instalaciones eléctricas comunitarias sólo las pueden realizar empresas y profesionales homologados, que son quienes cuentan con la competencia”, en este caso ante la Administración Canaria, pero ante la de cada comunidad autónoma en cada caso.

Para Pérez Sanguino “la responsabilidad es de propietarios, titulares y usuarios, que son quienes deben de mantener permanentemente esas instalaciones en buen estado de seguridad y de funcionamiento, utilizándolas de acuerdo con sus características funcionales y absteniéndose de intervenir en las mismas para cambiarlas”. Y añade igualmente que “la responsabilidad civil subsidiaria recae primero en los presidentes de comunidad, ya que son ellos quienes deben plantear en junta de propietarios o el contrato de mantenimiento o las revisiones periódicas de los mantenimientos”. La propia Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias  cuenta con un “Manual del usuario eléctrico” que tiene habilitado online y que recoge los derechos y deberes, protocolos de actuación, normativa, riesgos y seguridad eléctrica.