La Comisión Europea respalda que España no abone una compensación por los arbitrajes de renovables porque “vulnera la normativa comunitaria”

La Comisión Europea se ha pronunciado este pasado lunes sobre la compensación reconocida por el laudo arbitral sobre renovables que concluía que el Gobierno debía pagar 101 millones de euros a la entidad demandante y señala que, en caso de hacerlo, España vulnerará la normativa comunitaria. En consecuencia, ordena al Ejecutivo que no desembolse la cantidad reconocida en el laudo y que garantice que tampoco haya ningún otro pago, ejecución o aplicación del fallo arbitral, ya sea a Antin, la entidad en cuestión, o a cualquier otra que haya adquirido o pueda adquirir los derechos derivados del mismo.   

Se trata de la primera decisión de la Comisión sobre los arbitrajes de renovables en los que España se enfrentó a inversores internacionales que consideraron ilegales los recortes a las primas a las renovables de 2013 aprobados por el anterior Gobierno. La decisión en este asunto, tramitado como piloto, respalda la posición del Ejecutivo, que no ha abonado cantidad alguna relativa a los laudos a la espera de que concluyan los análisis. Además, la Comisión también recuerda la obligación de los jueces nacionales de asistir a España para garantizar el cumplimiento de su decisión, incluyendo la adopción de todas las medidas necesarias para impedir el reconocimiento, ejecución o aplicación del laudo arbitral en terceros países.

Desde el Gobierno se “valora positivamente esta medida, puesto que confirma la posición que mantiene en la oposición al reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales intraeuropeos, derivados de arbitrajes iniciados por inversores de un Estado Miembro de la UE frente a otro Estado Miembro de la UE”. Ahora, el Ejecutivo invocará esta decisión en las distintas jurisdicciones extranjeras donde el país, en cumplimiento del derecho de la UE, se está oponiendo judicialmente al reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales intraeuropeos y espera que cada uno de estos tribunales respeten el dictamen de la Comisión Europea.

51 arbitrajes, con reclamaciones que suman 10.635 millones de euros

En total, los inversores internacionales han presentado 51 arbitrajes de renovables contra el Reino de España por los recortes aplicados a las renovables, con reclamaciones que suman 10.635 millones. Un total de 43 se han fallado; diez se han ganado; tres se han anulado; tres demandantes han desistido, acogiéndose al marco establecido por el RDL 17/19, y otros ocho están pendientes de laudo. Hasta ahora, el Gobierno ha optado, como estrategia de defensa, por agotar todas las vías procesales disponibles y señala que “además de evitar el efecto llamada que podría provocar la falta de actuación procesal frente a las demandas de las instalaciones afectadas, se está consiguiendo un notable éxito”. El Ejecutivo también celebra haber conseguido “que los tribunales arbitrales rebajen sustancialmente las indemnizaciones reclamadas, hasta el punto de que dicha rebaja es del 85 % sobre lo demandado, una proporción muy alta en la práctica habitual de los arbitrajes, y que, además, sigue una tendencia descendente: los nuevos laudos otorgan compensaciones cada vez más bajas: las indemnizaciones reconocidas ascienden a 1.514 millones”.

La mayoría de los demandantes originales han vendido los derechos de cobro de los laudos a fondos buitre; el propio Antin lo hizo en el marco de su opa sobre Opdenergy, desistiendo voluntariamente a iniciar nuevos arbitrajes contra el Reino de España y comprometiéndose a solventar cualquier discrepancia en el marco del derecho europeo. El pasado mes de febrero un tribunal holandés falló que dos sociedades holandesas, AES Solar y Ampere, que vendieron sus derechos de cobro, tendrán que indemnizar a España si la Comisión considera los laudos Ayuda de Estado y un tribunal de un tercer país ordena su pago y España se ve forzada a pagar.

El papel clave de Teresa Ribera

No obstante, los inversores renovables se han quejado también del papel desempeñado por Teresa Ribera, como vicepresidenta de la Comisión, a quien acusan de haber influido en esta decisión para evitar el pago por parte del Gobierno Español. Aducen también que dicha decisión se podría haber tomado de forma acelerada y sin que el análisis efectuado sea el correcto, lo justifican con el hecho de que en una reunión previa entre los abogados de los inversores y los funcionarios técnicos de la Comisión Europea encargados del caso, estos últimos no conocían los pormenores del mismo.

Además, la decisión de esta semana sobre el laudo de Antin significa un cambio radical de posición respecto a lo sostenido por la anterior titular europea de Competencia, Margrethe Vestager, quien optó por no intervenir en el proceso. Por todo ello, los inversores han decidido impugnar la decisión de la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.