Greenpeace exige prohibir las malas prácticas en la implantación de energías renovables

Greenpeace hizo público la pasada semana el informe “Renovables respetuosas con las personas y la biodiversidad. Buenas y malas prácticas en la implementación de proyectos fotovoltaicos y eólicos en suelo”, en el que identifica “18 casos paradigmáticos de malas prácticas” en relación con las energías renovables, por lo que exige al Gobierno la prohibición de este tipo de acciones y medidas de transparencia, participación social y protección de la biodiversidad.

Basado en una investigación de Fundación Renovables, se analizan 25 proyectos concretos que evidencian casos de malas y buenas prácticas en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Navarra y País Vasco. Además de los 18 casos negativos, se atestiguan también otros 7 casos de prácticas que se consideran positivas. La organización pide al Gobierno derogar la “tramitación ambiental exprés” y una zonificación ambiental que preserve las zonas de alta sensibilidad ambiental y priorice las degradadas. También reclama mecanismos de participación y reparto justo de los beneficios con las comunidades locales.

La organización reconoce que “en un contexto en el que tanto España como la Unión Europea están aún lejos de la descarbonización para 2040, agilizar la implantación de las energías renovables es crucial, junto con la reducción del sobreconsumo, la protección de la biodiversidad y la lucha contra las crecientes desigualdades sociales”, pero reivindica también “que es fundamental buscar la armonía entre la necesaria expansión de las energías renovables y el cuidado de la biodiversidad, el territorio y las personas que viven en él”. Para el colectivo verde, la buena noticia es que “es posible hacerlo bien y se está haciendo en muchos sitios”, y la mala noticia es que “ninguna de las comunidades autónomas analizadas se libra de tener malas prácticas en su territorio”.

Qué se hace bien y qué se hace mal en la implantación de renovables

Entre las malas prácticas más comunes, se encuentran la fragmentación de proyectos, las afecciones medioambientales, el impacto cultural y arqueológico, la falta de diálogo y participación de las comunidades locales, la expropiación forzosa y el impago de impuestos. Por el contrario, entre las buenas prácticas, una participación temprana de las comunidades locales para influir en los proyectos (ubicación de la planta, de las líneas de evacuación, precauciones ambientales…), el uso compartido del suelo de la planta renovable con otros usos previos o con otras fuentes de energía, el fomento de empleo local en las plantas o en instalaciones industriales asociadas, la reducción de las facturas energéticas de empresas locales o personas vulnerables, la apertura a la participación ciudadana en la inversión de la planta, evitar la implantación de la planta en zonas protegidas o de alta sensibilidad ambiental ahí donde no está ya prohibido, evitar la implantación de grandes plantas en zonas agrarias consideradas de interés y especial relevancia (excluyendo el autoconsumo ligado a los consumos locales) y evitar el uso de la expropiación forzosa de los terrenos.

Normas que favorecen las malas y las buenas prácticas

El informe señala algunas normativas estatales como alarmantes porque fomentan precisamente las malas prácticas. Entre ellas, la “tramitación medioambiental exprés” (Art. 22 del RDL 20/2022), que facilita que ciertos proyectos puedan recortar las garantías ambientales y la participación pública. Además, se detecta que las normativas estatales y autonómicas tienen fuertes disparidades en las medidas propuestas para el despliegue de las renovables. Todavía no hay procesos claros para fomentar la participación ciudadana temprana y pocas abren al público la participación económica en los proyectos renovables corporativos.

Greenpeace concluye y resume el informe con las siguientes demandas:

• Derogar la “tramitación ambiental exprés” en todas las zonas a excepción de las de baja sensibilidad ambiental.
• Coordinar con las comunidades autónomas una zonificación ambiental para el despliegue de las renovables en suelo que excluya las zonas protegidas.
• Introducir mecanismos para priorizar los proyectos más participativos y más respetuosos con la biodiversidad.
• Publicar directrices obligatorias para proteger y, en su caso, mejorar, la biodiversidad local en el despliegue de los proyectos renovables en suelo.
• Garantizar la participación ciudadana desde las fases más tempranas de los proyectos renovables.
• Prohibir las actuales malas prácticas empresariales, como la fragmentación de proyectos, desarrollo en áreas protegidas y de alta sensibilidad ambiental, recortar la participación pública o las expropiaciones innecesarias.
• Transparencia: publicar en un mapa todos los proyectos en operación y en tramitación así como informar sobre su expediente.
• Asegurar el acceso a la red eléctrica y priorizar en las subastas a los proyectos renovables ciudadanos y respetuosos con las personas y la biodiversidad.