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Los instaladores solicitan al Gobierno regular el uso de la calefacción en los hogares

Más de 1,5 millones de hogares en España, según datos de empresas del sector instalador, están a la espera de que el nuevo Gobierno regule, a través de un Real Decreto, el uso de la calefacción central en edificios residenciales y, por consiguiente, a la contabilización de consumos individuales por medio de contadores de energía o repartidores de costes.

Desde Agremia, Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía, se demanda esta regulación, que estaba prevista ya para abril del pasado año y que, en palabras de su directora general, Inmaculada Peiró, “permitiría a los vecinos pagar en función de su consumo individual en comunidades de propietarios que todavía cuentan con sistemas de calefacción central”. Asimismo, Peiró añade que “es una exigencia que viene de Europa en cumplimiento de la Directiva en materia de eficiencia energética, por lo que su regulación en nuestro país, que debería haberse completado en diciembre de 2016, evitaría millones de toneladas de CO2 a la atmósfera”. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tiene previsto, según el Real Decreto, que la aplicación de esta medida en bloques residenciales se haga de manera gradual, en relación al número de viviendas existente por edificio y su ubicación en las distintas zonas climáticas, quedando exentas para las áreas que corresponden con el Levante, Baleares y Canarias.

De la misma manera, desde la asociación madrileña también se considera “fundamental incluir en el Real Decreto pendiente de publicación la obligación de instalar válvulas con cabezal termostático, ya que es este elemento el que incide directamente en la demanda real de calefacción, puesto que cierra o abre el paso de agua caliente al radiador según la temperatura que establezca el vecino para habitación”. Por último, Inmaculada Peiró recuerda que el pasado año la Comisión Europea denunció a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no garantizar la medición individual de consumos en edificios con calefacción central.