Una treintena de comercializadoras eléctricas han sido inhabilitadas por el Gobierno desde marzo

Una información avanzada este miércoles por El Periódico se hace eco de la actuación llevada a cabo por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico contra compañías eléctricas que efectúan operaciones irregulares o que no llevan a cabo actividad alguna. De este modo, el Ejecutivo habría inhabilitado hasta casi 40 compañías desde comienzos del año y una treintena de ellas sólo en los últimos dos meses.

Esta operación de “limpieza” en el registro de compañías comercializadoras implicaría su inhabilitación, bien porque incumplen con las obligaciones de garantías económicas u operativas, bien porque no cuentan con ningún cliente activo. Si bien la actuación es habitual, no lo es el número de empresas afectadas en función del tiempo transcurrido. La información señala que en una amplia mayoría de los casos, los expedientes han llegado a una resolución sin necesidad de traspasar clientes a otras compañías que sí están activos, porque no existía actividad real en las compañías expulsadas del mercado. Pero existe una cantidad menor de casos en los que la inhabilitación tiene que ver con el incumplimiento de obligaciones como no disponer de suficiente energía para garantizar el suministro de los clientes o no abonar los gastos correspondientes del sistema o no contar con las garantías económicas dispuestas en la reglamentación.

Registro de comercializadoras en la CNMC

En la página web de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia existe un registro a disposición de los usuarios con un listado actualizado de las comercializadoras eléctricas existentes en España, que es el país de la Unión Europea que cuenta con un número mayor de empresas en este ámbito. La información de El Periódico cita que están de alta 544 compañías, aunque sólo 416 con clientes realmente activos. Desde que se inscriben en dicho registro, las empresas tienen seis meses para realizar la compra de energía en el mercado y luego deben realizar dicha compra de manera continua, sin interrumpirla por un plazo mayor a otros seis meses. Además, el Gobierno ha endurecido las medidas contra el incumplimiento de las obligaciones, que ahora además pueden adoptarse mientras permanece abierto el expediente para la inhabilitación para evitar traspasos no legales de clientes a otras empresas o el acceso información sobre puntos de suministro, por ejemplo. También ha ordenado a la CNMC que intensifique la búsqueda de incumplimientos y la elaboración de un informe sobre prácticas irregulares en el sector, así como propuestas con nuevas reformas para combatir estas ilegalidades.