La PMcM constata que los subcontratistas cobran a 100 días de media

La PMcM, Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, está fiscalizando la implementación de la Ley Crea y Crece y, a raíz de ello, ha detectado un aumento de los plazos medios de pago a proveedores por parte de las Administraciones Públicas, según se desprende de la nueva edición que acaba de presentar de su “Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2022”. En concreto, el análisis concluye que los subcontratistas cobran de los contratistas principales a 100 días de media.

Según el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, en esta subida ha podido influir “que el año pasado no hubo grandes inyecciones de fondos, como sí ocurrió durante el anterior en el que el periodo medio de pago bajó”. Para este 2023, el Ministerio de Hacienda ha anunciado un plan de pago a proveedores de entidades locales por importe total máximo de 1.076,4 millones de euros. Esto corrobora la situación que denuncia la Plataforma sobre que las administraciones públicas no están cumpliendo los plazos de pago y lamenta que, “una vez más, este mecanismo imponga que los proveedores tengan que renunciar a cobrar los intereses de demora”. La PMcM espera que se corrija esta situación “injusta” y señala que “hay que erradicar esta lacra desde la raíz, exigiendo a las AA.PP. que cumplan la legislación y ejecutando los mecanismos que están disponibles para su consecución”, concluye.

67 días, plazo medio en el sector público y también en el privado

La propia PMcM ha elaborado un informe a partir de más de 500 encuestas realizadas a sus organizaciones asociadas y ajenas, y el dato concluyente es que el plazo medio de pago a proveedores aumentó en el sector público en 6 días, pasando de 61 a 67 días, un registro superior al doble del plazo legal permitido, que está fijado en un máximo de 30 días para las propias AA.PP. A esto se suma la dificultad que supone que la cadena de pagos en el sector público esté “mal controlada” y, por tanto, que el dinero no fluya hasta el último eslabón, los subcontratistas.

Para la PMcM “es imprescindible la fiscalización del cumplimiento de la Ley Crea y Crece y la Estrategia nacional de contratación”. La falta de rigor también se extiende a otros ámbitos. El 92 % de los participantes en la encuesta de la PMcM que habían solicitado alguna subvención pública por importe superior a 30.000 euros después de octubre 2022, no ha tenido que aportar alguna certificación específica sobre sus plazos medios de pago. La PMcM, que está fiscalizando la implementación de esta ley, ha constatado que la información que parte de los Ministerios para la elaboración del certificado requerido, es “contraria a la ley”. Sin embargo, el análisis constata también el desconocimiento de esta ley, que no es conocida todavía por el 81 % de los encuestados, y la propia Plataforma cree necesaria “una campaña informativa para dar a conocer y sensibilizar sobre esta normativa, atendiendo a la importancia de su implementación”.

Otros datos demuestran, sin embargo, la mejora producida en los plazos de pago en el sector privado, que se han reducido hasta situarse en los 67 días -el mismo que en el sector público- frente a los 72 de 2021. Se trata de la cifra más baja de toda la serie analizada por la PMcM desde 2011, aunque todavía es superior al plazo legal de 60 días.

93 de cada 100 encuestados creen que el régimen sancionador es necesario

Al 61 % de los proveedores se les imponen plazos de pago superiores a los permitidos por ley, sin que esta práctica ilegal tenga consecuencias. El 94 % de los proveedores no exigieron la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago, y el 84 % nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora. Esto demuestra la inutilidad de una ley que no sancione su incumplimiento. Por ello, la PMcM insta a la puesta en marcha de un Observatorio de la Morosidad “imparcial”, y de un régimen sancionador que multe a las empresas morosas. En ese sentido, recuerda que la Ley de modificación de la Ley 3/2004 lleva en continua prórroga desde septiembre de 2020 e incluye un régimen sancionador; debería quedar desbloqueada en este 2023. Para el 93 % de los encuestados en el análisis de la PMcM un régimen sancionador resulta “necesario”.