Antoni Cañete, reelegido por unanimidad cuatro años más como presidente de la PMcM

En el marco de su Asamblea General, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha celebrado su proceso electoral, que ha culminado con la elección unánime de su nueva Junta Directiva. El proceso ha confirmado la continuidad de Antoni Cañete como presidente de la entidad, una responsabilidad que asume nuevamente con el respaldo de todas las organizaciones que integran la plataforma. Aunque esta decisión se ha tomado en la Asamblea, la formalización del nuevo órgano de gobierno tendrá lugar dentro de dos meses, en la próxima Junta.

En el seno de la nueva junta directiva que encabeza el presidente reelegido están representadas asociaciones propias del sector de material eléctrico como son los casos de Afme, Anfalum, Facel o Fenie, varias de ellas además fundadoras de la PMcM. El nuevo mandato de cuatro años del presidente arranca, según la propia Plataforma, “en un contexto económico especialmente delicado”, en el que “la incertidumbre marca la agenda global: el aumento del gasto en defensa, las tensiones derivadas de posibles guerras comerciales, los elevados niveles de endeudamiento público y las pérdidas generalizadas en las cuentas de los bancos centrales configuran un escenario que penaliza la estabilidad financiera de muchas empresas”. Añaden también que “esta situación repercute directamente en la morosidad, afectando de manera más severa a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos, que carecen de la capacidad de negociación de las grandes compañías”.

Los datos más recientes de la PMcM, correspondiente a 2024, confirman el deterioro de los pagos en el ámbito público, cuyo plazo medio ha aumentado en 12 días, hasta los 67 días, muy lejos de lo establecido por la Ley 15/2010, que fija en 30 días el límite legal. Por el contrario, el sector privado ha reducido sus plazos en seis días, situándose en una media de 64 días, todavía por encima del tope legal de 60 días. Por primera vez desde 2014, el sector público registra peores cifras de pago que el privado, situación que la entidad valora como “alarmante y que requiere medidas urgentes”.

El informe también revela que al 61 % de los proveedores se les imponen plazos de pago superiores a los que permite la ley, sin que estas prácticas ilegales conlleven sanciones. A pesar de ello, el 92 % de estos proveedores no reclama la indemnización legal por los costes de recobro, y el 84 % nunca o casi nunca exige intereses de demora.

Reglamento Europeo contra la Morosidad

La PMcM afronta este nuevo ciclo con una hoja de ruta centrada en prioridades como la labor de información sobre el futuro Reglamento Europeo contra la Morosidad impulsado por la Comisión Europea, que incluirá un régimen sancionador aplicable a las empresas que incumplan los plazos. La plataforma también tiene como objetivo trasladar a los grupos políticos la necesidad urgente de actuar frente a la morosidad, influyendo en sus propuestas de enmiendas durante la tramitación del nuevo marco legal. Asimismo, seguirá defendiendo que la única forma de acabar con la morosidad en el sector privado es mediante la implantación de un régimen sancionador en España que sea firme y eficaz.

Otro de los ejes estratégicos del presidente reelegido será asegurar la participación activa de la PMcM en espacios clave como el Consejo Estatal de la Pyme y el Observatorio de la Morosidad, cuyo funcionamiento urge activar. La plataforma, que representa a cerca de un millón de empresas a través de sus organizaciones miembro, con una cifra de negocio que se aproxima a los 150.000 millones de euros, también pedirá a otras administraciones públicas que sigan el ejemplo de la Generalitat de Cataluña, que ha anunciado que implementará el pago directo a subcontratistas en determinados contratos públicos, una medida que puede marcar un antes y un después en la contratación pública.