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Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, Anpier, ha advertido de que los beneficios económicos de la generación solar podrían quedar en manos de grandes fondos internacionales si las subastas no favorecen a las pymes y a las economías rurales.

 

 

Para ello considera que los proyectos de menos de 5 MW deberían tener mejores condiciones de acceso por las externalidades socieconómicas y medioambientales que aportan al interés general. Desde la asociación se subraya que “si bien es cierto que los megaproyectos fotovoltaicos -de hasta 800 MW con 1.500 hectáreas de superficie- gozan de unos costes más favorables gracias a las economías de escala, no se puede obviar que su desmesura genera impactos sobre el territorio; desequilibrios en el acceso y la eficiencia de las redes de transporte y distribución, las cuales copan; menores ratios de creación de empleo y una concentración de los ingresos que, además, lejos de quedar en las economías locales, transcienden de las fronteras del Estado para nutrir a grandes fondos de inversión, ahora ahítos de liquidez”.

Según su presidente, Míguel Ángel Martínez-Aroca, “esta concentración de los ingresos del sistema energético español en manos foráneas, por desgracia, parece inevitable desde la perspectiva del libre mercado; pero habría de circunscribirse a los proyectos que vayan a mercado, y no deberían obtener un beneficio añadido de las condiciones que ofrece el Estado en las subastas de generación renovable, que aportan una garantía mínima, por exigua que sea, en los retornos de la inversión. Esta cobertura de precios debería de orientarse, fundamentalmente, hacia el tejido local de base pyme”.

En este sentido, Anpier ha elaborado un decálogo con lo que considera requisitos prioritarios para esa redistribución de la “riqueza solar”:

1) Aval reducido de 10.000 €/Mw para instalaciones de menos de 5 MW.

2) Plazos diferentes en función de las tecnologías. En el caso de fotovoltaica, plazo de ejecución de 3 años, con extensión de 6 meses adicionales con penalización.

3) Reserva del 20 % de la potencia subastada para proyectos de hasta 5 MW y conectados a tensión de hasta 36 kW.

4) Prioridad para los pequeños proyectos (menos de 5 MW) en el acceso a conexión a red.

5) Prioridad en la tramitación administrativa para proyectos pequeños, que habría de ser simplificada y con plazos de resolución reducidos.

6) Limitar la capacidad obtenida en una subasta a un máximo de un 15 % por agente.

7) Información pública y actualizada via web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de la capacidad de las redes de distribución, información que solo conocen las distribuidoras de cada zona y que no comparten, limitando la competencia y libre concurrencia.

8) Cuando se solicite potencia eléctrica en un punto de conexión, la compañía distribuidora debería indicar la potencia que se puede admitir de la propuesta, en el caso de que la solicitud exceda la potencia disponible.

9) Protección de terrenos de uso agrícola, penalizando en la subasta proyectos de más de 5 MW que ocupen suelos de regadío, salvo que el promotor garantice la compatibilidad de ambos usos.

10) Previsibilidad en la celebración de subastas a cinco años vista, con un calendario conocido y con unas condiciones definidas con suficiente antelación.