Las empresas instaladoras contratan menos con constructoras y grandes empresas para acortar los plazos de pago

La encuesta anual sobre morosidad y comportamientos de pago en el colectivo de empresas instaladoras que la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones eléctricas, Telecomunicaciones y Climatización de España lleva a cabo anualmente ofrece un rato revelador sobre el perfil del cliente actual de las empresas instaladoras. En concreto, los resultados obtenidos ponen de manifiesto la desvinculación del colectivo de empresas instaladoras de los segmentos de empresas denominados constructoras y grandes empresas para evitar sus condiciones de pago principalmente.

Esto hace, según los datos de Fenie, que el periodo medio de pago sea de 67 días y se haya visto reducido respecto de ejercicios anteriores, “no porque se hayan mejorado los comportamientos de pago de sectores críticos”, sino por esa mencionada reducción de la colaboración comercial con constructoras y grandes empresas, que son los clientes tipo con unos plazos de pago mayores.

En todo caso, la Federación reclama actuaciones para acortar los plazos de pago precisamente con esos clientes y, entre ellas, propone establecer que un coste financiero por la ejecución de un producto bancario en un plazo superior a 60 días, si no se cubre por el contratista, sea considerado como impago. La proliferación de estos productos financieros con elevados periodos de vencimiento supone un coste financiero a las empresas instaladoras difícilmente asumible, y por ello optan por operar con otro tipo de clientes. Desde Fenie consideran que actualmente “las empresas instaladoras tienen margen para desarrollar su línea de negocio sin necesidad de trabajar para determinados clientes”, pero añaden que “hay que desarrollar iniciativas para que las empresas que trabajan en estos sectores no se encuentren con unas condiciones tan desfavorables”.

Además, también insisten en la urgencia de la implantación de un Reglamento Sancionador, una petición ya legendaria en materia de morosidad que, para Fenie, “atenuaría de forma prácticamente automática la mala praxis que se ha instalado en esta tipología de operaciones donde las ganancias por ingresos bancarios pueden superar los márgenes que se obtienen por el desarrollo propio de la actividad y todo ello costeado por las pequeñas empresas y autónomos”.

Principales conclusiones de la encuesta

A la encuesta han respondido empresas instaladoras de toda España, y de ella se desprende que en 2022 aumentó el volumen de facturación un 16,35 %, de tal forma que ya se ha contrarrestado con claridad en los dos últimos años, el descenso del 13 %, que se produjo en 2020, con motivo de la pandemia. Además de establecer en esos 67 días el periodo de pago medio, el análisis estadístico efectúa una diferenciación entre clientes, según su tamaño, de tal modo que los clasifica en autónomos/micropymes, pymes, constructoras y grandes empresas:

• Autónomos/micropymes
  El 76,88 % paga dentro del plazo legal
  Entre los que no lo hacen, el 87 % no supera excesivamente los 60 días

• Pymes
  El 68,35 % paga dentro del plazo legal
  Entre los que no lo hacen, el 79 % no supera excesivamente los 60 días

• Constructoras
  Sólo el 23,36 % paga dentro del plazo legal
  Entre las que no lo hacen, más del 65 % superan ampliamente los 90 días

• Grandes empresas
  Sólo el 25,47 % paga dentro del plazo legal
  Entre las que no lo hacen, más del 62 % superan ampliamente los 90 días

En cuanto a los impagados, el ratio medio de las empresas instaladoras está en torno al 4.19 %.

En lo que se refiere a herramientas de cobro, desciende ligeramente el uso del pagaré, pero el confirming, principalmente con grandes empresas y constructoras, sigue siendo habitual y cada vez se ejecuta más anticipadamente, de tal forma que estas compañías explotan cada vez más la obtención de ingresos complementarios a través de los ingresos financieros resultantes de esa ejecución anticipada.

En lo que se refiere a la Administración Pública, desciende la actividad con ella en torno al 10 %, sobre todo por el aumento de la actividad en el ámbito privado. Con ella, el periodo medio de pago se ha reducido de 53 días a 44 días, aunque las de ámbito local son las que peor pagan, más de la mitad de las veces por encima del plazo de pago legal. La media de facturación por trabajos para la Administración de las empresas instaladoras respecto del volumen de facturación total es del 17 %.

La encuesta concluye también que casi la mitad de los encuestados, el 47 %, tiene entre su cartera de clientes algún acuerdo con cláusulas abusivas o con plazos de pago superiores a la legalidad. Por otro lado, el 90 % de las empresas indica que no exige intereses de demora en casos de retrasos en el pago ni exige la indemnización legal por costes de recobro. En cuanto a la Ley Crea y Crece, el procedimiento de comprobación de pagos de contratista a subcontratistas y/o suministradores no se está incorporando en los pliegos, según el 99 % de los que responden. Justo el mismo porcentaje de encuestados que reclama la necesidad de un Reglamento Sancionador.