Distribuidores, comercializadores de energía y grandes consumidores proponen medidas para “una factura eléctrica sin sobrecostes por la operación del sistema”

Las principales compañías eléctricas, reunidas en Aelec, Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, las asociaciones que agrupan a comercializadores independientes, como Acie y Acenel, la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía, Aege, y también la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, así como la Confederación de Consumidores, Consumes, se han unido en un comunicado que tiene como objetivo difundir una serie de propuestas para reducir el incremento de costes experimentado en la factura eléctrica tras la aplicación de las medidas extraordinarias incluidas en la operación reforzada, que sirvió para poner freno a las circunstancias que llevaron al apagón del pasado 28 de abril, del que justamente este martes se cumple un año.

El comunicado señala en primer lugar que “en los últimos meses, los costes asociados a la operación del sistema han experimentado un incremento significativo, trasladándose directamente a la factura eléctrica de los consumidores y alcanzando en numerosos periodos niveles superiores al propio precio de la energía”, y añade que el incremento se ha visto “especialmente agravado”, por las citadas medidas de la operación reforzada, incremento que especifican “soportan hogares y empresas” en su factura eléctrica. En consecuencia, afirman que “todo ello se traduce en una señal de precios distorsionada, que encarece el suministro eléctrico y reduce la competitividad de la economía”. Por ello añaden que “se considera urgente adoptar medidas que corrijan estas distorsiones”.

Propuestas para «mejorar la transparencia y la competitividad»

Las propuestas concretas que efectúan son cuatro y se basan en “mejorar la transparencia y la competitividad de la economía”:

1. Transparencia y desglose de los costes de operación del sistema. Es imprescindible que la CNMC refuerce la fiscalización de estos costes, especialmente los de la operación reforzada cuya eliminación generaría importantes ahorros a los consumidores, aliviando de forma directa los costes de producción industrial y liberando capacidad para un uso más eficiente de las renovables. Asimismo, es necesario que se garantice la publicación de información detallada, periódica y accesible sobre todos estos costes, incluyendo un plan de acción que ponga fecha de fin al uso del modo de operación reforzada.

2. Soluciones regulatorias para la financiación de estos servicios. Se propone evaluar soluciones regulatorias que permitan asegurar una recuperación más estable vía costes regulados del sistema eléctrico de manera que se mantenga la financiación de los servicios necesarios, pero sin penalizar a la industria, logrando un equilibrio entre estabilidad de suministro y competitividad industrial.

3. Reforma estructural de la fiscalidad energética. Es necesario avanzar hacia un marco fiscal estable y coherente con los objetivos de descarbonización, competitividad industrial y autonomía estratégica. La suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica y del Impuesto Especial a la Electricidad, entre otras, debe consolidarse de forma permanente, evitando la introducción de costes adicionales que encarecen artificialmente la electricidad.

4. Coherencia con los objetivos de descarbonización y competitividad. El incremento de estos costes está afectando negativamente a la competitividad de la economía. Es imprescindible alinear las decisiones operativas y regulatorias con los objetivos de reducción de costes, descarbonización y autonomía energética.

La nota, bajo el título “Observatorio del Coste de los Servicios de Operación (01-23 abril 2026)”, incluye un apartado específico para informar con datos sobre el sobrecoste en la factura en el periodo que va del mes de abril, hasta el pasado jueves 23. En concreto señala que en ese tiempo los consumidores “están pagando 23,58 €/MWh adicionales por la adquisición de su energía eléctrica”, con unos costes totales que “han superado los 320 millones de euros y en lo que va de 2026, ya alcanzan los 1.800 millones”. Por último, informan sobre que “en muchos días, estos costes son incluso más altos que el propio precio mayorista de la electricidad” y también que “este sobrecoste puede llegar a alcanzar hasta el 25 % del coste de fabricación de bienes”, en el caso de las empresas.