Acuerdo para la financiación del proyecto de interconexión eléctrica entre Francia y España

La Comisión Nacional de la Competencia ha alcanzado un acuerdo con la autoridad reguladora francesa,  la Commission de régulation de l’énergie (CRE) para el reparto de la financiación del proyecto de interconexión eléctrica «Golfo de Vizcaya», que une Francia y España. A pesar del aumento de los costes del proyecto, debido a un contexto de tensión en los mercados de materias primas, las autoridades reguladoras mantienen su criterio acerca del beneficio que la iniciativa supone para ambos países y también para Europa al completo.

El proyecto del Golfo de Vizcaya consiste en la construcción de dos enlaces eléctricos independientes, cada uno con una capacidad de 1.000 MW, entre Cubnezais (Francia) y Gatica (España). El proyecto de interconexión eléctrica contempla aproximadamente 400 kilómetros, incluido un tramo marítimo de 300 kilómetros. Se prevé que entre en servicio en 2028, duplicando la capacidad de interconexión entre España y Francia de 2,8 GW a 5 GW. Fue objeto de una decisión de financiación conjunta adoptada por las autoridades españolas y francesas el 21 de septiembre de 2017. En ese momento, el coste se estimó en 1.750 millones de euros.

Debido a un contexto de mercado desfavorable, los precios de los principales componentes de estos futuros enlaces han aumentado considerablemente desde las estimaciones iniciales. Las previsiones actuales prevén un coste de 2.850 millones de euros, con un margen de riesgo de 250 millones. Sin embargo, los beneficios previstos del proyecto también han aumentado considerablemente, debido a la evolución prevista del mix energético y del consumo de electricidad en los países europeos, en un contexto de aceleración de la transición energética. Además, el proyecto se beneficia de una subvención europea de 578 millones de euros del Mecanismo Europeo de Interconexión (MIE), lo que refleja la importancia del proyecto para la Unión Europea.

Según la decisión conjunta acordada ahora, ambos organismos reconocen el valor del proyecto y modifican el acuerdo de reparto de costes del proyecto previstos en 2017, en particular, para tener en cuenta el actual contexto económico y energético.