“Si sigue el ritmo de matriculaciones podríamos alcanzar las 200.000 a final de año, pero continúa siendo necesario un marco de ayudas o incentivos fiscales”

María Romera es directora de Regulación y Asuntos Públicos de Aedive, Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, y además ejerce como Directora de Relaciones Institucionales en Aemener, Asociación Española de Mujeres de la Energía.

Las complicaciones de la tramitación burocrática es el caballo de batalla para la implantación de la infraestructura de recarga, ¿qué avances se han dado en los últimos tiempos que contribuyan a agilizarla y propicien su despliegue?

Los problemas con las tramitaciones administrativas, con la intención de ir solventando todas aquellas cuestiones que suponen largos periodos de tiempo, se han tratado de manera monográfica dentro del Grupo de Trabajo de acceso y conexión a la red del GTIRVE, liderado por la Secretaría de Estado del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Creemos que es un gran paso y que, junto con la reciente publicación de los mapas de capacidad a la red y el mapa con la trazabilidad del proceso de tramitaciones, que estableció la Circular 1/2024 de la CNMC, supondrá, sin duda, una mayor transparencia para que los operadores de puntos de carga puedan consultar las solicitudes existentes en cada nodo, evitando duplicidades y reduciendo los tiempos de tramitación.

Desde Aedive mantenemos reuniones muy fructíferas con las empresas distribuidoras y nuestros operadores para que conozcan de primera mano los obstáculos que se encuentran y la dudas que hay sobre el proceso y poder agilizarlo.

Asimismo, el Real Decreto-ley 7/2025 (tras el apagón del pasado 28 de abril) que no fue finalmente convalidado en el Congreso, incorporaba medidas para avanzar en la simplificación administrativa, sobre todo, en conexión a la red de potencias superiores a 3 MW. En su lugar, se nos presentó un Proyecto de Real Decreto de medidas urgentes de refuerzo del sistema eléctrico, sobre el que hemos propuesto plazos concretos para que las autorizaciones y permisos en el despliegue de puntos de recarga y otros aspectos como la consulta de la disponibilidad de potencia en la red de distribución, se realicen en el menor tiempo posible.

Por otro lado, para favorecer la agilización de las tramitaciones Aedive ha detallado en su informe “Estudio interpretativo de la sustitución de autorizaciones y licencias relativas a infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos por declaraciones responsables”, disponible en nuestra web, la presentación de la Declaración Responsable -que estableció el Real Decreto-ley 29/2021- como documento que se debería aceptar en todo el proceso de autorización de las instalaciones de infraestructura, incluyendo los trabajos de las empresas distribuidoras, como estas mismas respaldan. La excepción que se establece es que sólo se permite una licencia o autorización previa si las infraestructuras eléctricas que deben desplegarse están situadas en edificios de interés cultural o si tienen una potencia superior a 3.000 kW.

Por este motivo, seguimos insistiendo en la comunicación para que la Declaración Responsable sustituya a todo tipo de licencias y autorizaciones vinculadas con la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos, ante el desconocimiento que muestran todavía muchos municipios, a pesar de estar avalado por la CNMC y la Secretaría para la Unidad de Mercado (SECUM). En este sentido, hemos elaborado para esos municipios una Guía práctica sobre el despliegue de infraestructura de recarga, junto con IDAE y con la Federación Española de Municipios y Provincias, que despejará dudas y facilitará ese despliegue.

¿Qué puede adelantarnos sobre esa colaboración con la FEMP e IDEA??

El objetivo de esa colaboración es ayudar a los ayuntamientos a gestionar el despliegue de puntos de recarga, destacar su papel clave, facilitar información sobre tipos de carga y procedimientos administrativos, y, así, contribuir a los objetivos del PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima).

En mayo, se presentó un borrador de esa “Guía Práctica para los Municipios” que he mencionado antes, con la participación de más de 290 municipios que mostraron su interés, y en la que se destacó que la Declaración Responsable es el procedimiento estándar de tramitación y que los municipios deben ser facilitadores de suelo público y tendrían que disponer de plataformas en su propia sede electrónica que facilitaran la presentación de las solicitudes por parte de los operadores. De esta forma, el proceso de adjudicación se haría de una manera ágil, sencilla y directa, evitando cualquier coste al propio municipio.

Próximamente dispondremos de la versión final de la Guía, que presentaremos y que estará disponible en nuestra página web.

¿Cuáles son las principales trabas con las que se encuentran los profesionales en función de la falta de armonización de procedimientos de las administraciones?, ¿progresan las gestiones en favor de la “ventanilla única” para que lleguemos a ella en algún momento?

En España, la existencia de tres niveles de la Administración, en sus versiones estatal, autonómica y local, lleva a solicitudes con diferentes plataformas y a que la propia regulación sea distinta en cada comunidad autónoma. Esto provoca particularidades y añade dificultades a cada proceso burocrático.

Sería deseable que hubiera una regulación homogénea de la normativa en las peticiones de información y otros trámites administrativos. Incluso, que llegara a los propios técnicos de una misma administración que, en algunos casos, han optado por diferentes criterios a la hora de aprobar o regular el despliegue de los puntos de recarga y sus equipamientos necesarios.

Para mejorar esta situación, creemos que la existencia de esa ventanilla única para la tramitación aportaría ventajas clave para acelerar y facilitar el proceso. Entre ellas que reduciría la complejidad administrativa, centralizando todos los permisos y licencias en un solo punto y evitando duplicidades y conflictos entre normativas; así como también agilizando la obtención de autorizaciones, especialmente en zonas urbanas y carreteras.

Además, aceleraría el despliegue, reduciendo plazos de instalación de nuevos puntos y facilitando así la planificación estratégica en función de la demanda y la red eléctrica. Mejoraría la coordinación entre los agentes públicos y privados implicados. Igualmente mejoraría la planificación energética, con la integración de datos sobre la red, la demanda energética y la ubicación óptima de puntos de recarga.

2025 está siendo un año efervescente para el sector con casi un 80 % de incremento en las matriculaciones, pero aún muy lejos del ritmo que sería necesario para alcanzar los objetivo del PNIEC, ¿qué doble mensaje cree que se debe enviar a la Administración por un lado y a la sociedad en general por otro, para valorar esa dualidad que suponen las cifras?

En primer lugar, es importante resaltar que, efectivamente se está registrando un alto porcentaje de matriculaciones en los últimos meses y, de mantenerse este ritmo, podríamos llegar al entorno de las 200.000 unidades nuevas a final de año. El último dato de matriculaciones de agosto ha registrado incrementos del 144 %, con un ascenso del 92 % en el acumulado del año.

Los precios de los vehículos eléctricos se reducen y cada vez están más cerca de los de los vehículos convencionales; además, se conoce cada vez más el menor coste de mantenimiento y el ahorro en combustible, ventajas competitivas que se añaden a su mayor eficiencia y a contribuir a una mejor calidad del aire. Contando con este impulso, consideramos que todavía se necesita un marco de ayudas o de incentivos fiscales, que anime la electrificación de las flotas de vehículos de las empresas, como ocurre por ejemplo en Portugal. Por tanto, creemos que la Administración debería, lo antes posible, articular medidas fiscales para empresas y flotas, para ayudar a incrementar las matriculaciones e intentar que alcancemos el objetivo de los 5,5 millones en 2030, como establece el PNIEC.

Desde Aedive damos la bienvenida a otros mecanismos de financiación que proceden del sector privado, como los Certificados de Ahorro Energético, que reciben los usuarios que sustituyen un vehículo de combustión por uno eléctrico.

También a los créditos de electricidad renovable que, cuando se implementen, impulsarán el despliegue de infraestructura de recarga. Creemos necesario que se ponga en marcha lo antes posible este mecanismo de créditos de electricidad renovable, también conocidos como e-credits, en el sector del transporte, y aprendamos de su éxito en países como Francia, Alemania o Países Bajos. El anuncio de su entrada en vigor el 1 de enero de 2027 nos parece que supone un plazo excesivo, porque además se trata de ingresos que proceden del sector privado.

Además, se debería haber transpuesto la Directiva Europea de Energías Renovables, vencida el pasado 21 de mayo, que establece este instrumento de financiación para todos los Estados miembros. En previsión, los operadores habían realizado inversiones contando con la llegada de los fondos que iban a recibir. Por ello, su implementación debe realizarse lo antes posible, para no perjudicarles más. Desde Aedive, nos venimos ofreciendo a colaborar con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para su implantación, poniendo como ejemplo las experiencias de otros países europeos que ya tienen en funcionamiento esta directiva desde hace varios años.

En lo que respecta a la ciudadanía, se percibe un aumento en la oferta y en la variedad de modelos de vehículos eléctricos, con precios ya asequibles para todas las economías, como antes mencionaba. Por tanto, nuestro mensaje a los usuarios es que se informen sobre ellos y sobre los beneficios que representan. Y a la vez debemos huir de bulos y falsas creencias que a veces circulan por las redes y dejarnos aconsejar por profesionales.

A ese ritmo, la infraestructura avanza razonablemente bien, pero parece que hay aún una asignatura pendiente en relación con la alta potencia, decisiva para persuadir al usuario final, ¿cree que sería aconsejable poner más énfasis en ese apartado?, ¿cómo valora la posición de los operadores en este sentido?

Primero hay que destacar que la red de infraestructura de recarga de acceso público disponible en la actualidad es más que suficiente para el parque actual de vehículos eléctricos: más de 48.000 puntos operativos a finales de agosto, de los que 5.632 corresponden a carga ultrarrápida (4.807 de 50 a 250 kW, y 825 por encima de 250 kW).

Sin embargo, el despliegue continúa y al mes se están instalando en torno a un millar de nuevos puntos de acceso público operativos, con la perspectiva de que sean hubs de alta potencia en las vías interurbanas y en zonas urbanas, que permitirán adecuar este despliegue de puntos de recarga a medida que vayan creciendo las matriculaciones.

Es muy importante concienciar sobre que no es lo mismo rellenar un depósito de un coche de combustión que cargar un vehículo eléctrico. Desde Aedive abogamos también por la promoción de las infraestructuras de recarga moderada en AC (corriente alterna) en ciudades. Es una modalidad más económica y sencilla técnicamente, que permite acercar la movilidad eléctrica a los ciudadanos, ya que responde a la máxima de cargar el coche cuando está aparcado, esto es en las horas nocturnas, en el trabajo, cuando se realiza la compra, al acudir a un centro de ocio…

Entre toda la desinformación y las noticias negativas que afectan al sector, también está la que pone el acento en la infraestructura inutilizada, ¿cómo hacen desde Aedive para tratar de paliar estos mensajes?, ¿cómo creen que debería regularse el mantenimiento de la infraestructura de recarga?

Nos esforzamos muchísimo para combatir la desinformación y los bulos, a través de intervenciones en medios de comunicación mediante datos contrastados y fiables. Mensualmente reportamos los datos de puntos de recarga de acceso público para ofrecer una información más fiable, robusta y sostenible, que sea coherente con la información de EAFO (European Alternative Fuels Observatory), el portal de referencia de la Comisión Europea en la materia.

Además hemos llevado a cabo una notable labor de coordinación entre los técnicos de Red Eléctrica y los operadores de recarga pública (CPOs) para poner en marcha y actualizar el mapa REVE con las infraestructuras disponibles en todo el territorio nacional, integrando las plataformas de los operadores en el sistema. Un excelente ejemplo de colaboración público-privada.

Desde Aedive destacamos el enorme esfuerzo inversor y tecnológico de los operadores de recarga para desplegar una red operativa amplia y eficiente para todos los usuarios, permitiendo nuevos modos de pago con tarjeta.

En medio del debate abierto sobre las inversiones necesarias en las redes eléctricas ante el incremento de demanda derivado de la electrificación, ¿qué puede pasar en el futuro con la electrificación masiva del sector del transporte?, ¿estamos preparados de verdad para una implantación global de la movilidad eléctrica?

Sí, por supuesto, estamos preparados para un despliegue masivo de la electromovilidad, aunque eso no quita que la Administración facilite un marco adecuado para que la red eléctrica tenga potencia disponible suficiente para este despliegue del vehículo eléctrico; y que las empresas distribuidoras puedan acometer las inversiones de refuerzo y extensión de la red por reconocimiento de inversiones. Además, se han de considerar las inversiones anticipadas y eliminar el límite de inversiones que puedan realizar anualmente.

Por ello, es preciso que las empresas distribuidoras cuenten con un modelo de retribución de su actividad que incentive las inversiones necesarias para los nuevos usos de la electrificación, como es el caso del transporte.