No hay riesgo para la competencia en la reforma que reduce las obligaciones contables de las pymes, según la CNMC

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha aprobado un informe sobre el anteproyecto de ley por la que se modifican los criterios de tamaño de las empresas o grupos de empresas a efectos de información corporativa, y en él valora positivamente la introducción de medidas de modulación para que pymes de diferente tamaño puedan competir en el mercado.

La reforma, que transpone normativa europea, permitirá que un mayor número de pequeñas y medianas empresas reduzcan sus obligaciones contables. Entre otros efectos, más entidades podrán formular balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados, quedar exentas de auditoría o ser consideradas pymes a efectos de la Ley de Auditoría de Cuentas.

En todo caso y aunque no aprecia restricciones a la competencia que resulten innecesarias o desproporcionadas, la CNMC sugiere algunas mejoras como, por ejemplo, plantear la utilización de un instrumento de actualización automática de los umbrales al cumplirse ciertas circunstancias (por ejemplo, de inflación elevada) en el conjunto de la Unión Europea.

Además, Competencia también sugiere la importancia de reforzar la justificación de los umbrales elegidos en España dentro del margen que permite la normativa europea. Así como minimizar potenciales efectos negativos de la normativa (por ejemplo, el que los operadores pueden ofrecer una menor fiabilidad de solvencia financiera frente a terceros inversores) con medidas complementarias.

Por último, considera necesario coordinar los nuevos umbrales con otros instrumentos europeos que también utilizan criterios de tamaño empresarial, como los relacionados con ayudas de Estado.

Con esta reforma, más empresas podrán beneficiarse de menos exigencias en materia de obligaciones contables, ya se trate de información corporativa, balances, cuentas anuales o auditoría. Competencia puede actuar de manera consultiva, de tal forma que puede ser consultada por las Cámaras Legislativas, tanto el Congreso como el Senado, el Gobierno, los departamentos ministeriales, las comunidades autónomas, las corporaciones locales, los colegios profesionales, las cámaras de comercio y las organizaciones empresariales y de consumidores y usuarios.