La PMcM denuncia la falta de transparencia en el confirming de grandes empresas

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad ha elaborado un análisis que concluye que muchas de las grandes compañías informan de forma insuficiente sobre pagos a proveedores en sus memorias anuales, a pesar de que el nuevo Reglamento Europeo 2024/1317 les obliga a detallar mecanismos como el confirming, los aplazamientos o la cesión de cobro. La falta de transparencia dificulta conocer los plazos reales de pago y el nivel de endeudamiento, generando riesgos para inversores, auditores y supervisores.

Con el objetivo final de garantizar la uniformidad en los pagos, reforzar los controles y sancionar los incumplimientos, la PMcM remitirá las conclusiones de su análisis a diversos organismos para que tomen medidas urgentes, entre ellos a la Comisión Europea, al ICAC, a la CNMV, a AESA y a los responsables de compliance de diversas grandes compañías, incluidos los de las auditoras. Todo ello para poder dar visibilidad a las prácticas abusivas en materia de pagos por parte de las grandes empresas cotizadas.

Según este análisis, la comparación de informes anuales de grandes compañías de sectores como la construcción, las telecomunicaciones y los servicios revela una gran diferencia en la contabilidad y en el nivel de detalle sobre los acuerdos de confirming. Mientras algunas empresas son claras respecto a sus mecanismos, otras omiten cualquier referencia, lo que impide determinar si carecen de estos instrumentos o simplemente no los revelan. El problema principal reside en que la falta de uniformidad impide comparar la situación financiera entre compañías. Esta opacidad complica conocer con precisión la cantidad del endeudamiento, los plazos de pago a proveedores y el impacto en la liquidez del confirming. Además, puede ocultar riesgos financieros relevantes para auditores, inversores y supervisores.

Desde la propia PMcM, su presidente, Antoni Cañete, afirma que “el confirming no puede seguir utilizándose como un artificio contable para simular pagos ya efectuados. La normativa europea es clara: las empresas deben detallar las condiciones de estos acuerdos, ya que afectan a la liquidez y al riesgo financiero. La transparencia no es opcional”.

Se siguen incumpliendo los plazos de pago

Esta situación tiene lugar en un contexto en el que los plazos de pago siguen incumpliéndose de forma generalizada. De acuerdo con datos del Banco de España, durante el segundo semestre de 2024, el plazo medio de pago entre empresas cotizadas se situó en 136 días. Algunos sectores, como “Información y comunicaciones” y “Resto”, registraron cifras preocupantes de 252 y 309 días, respectivamente, muy por encima del límite legal de 60 días.

Ante los resultados obtenidos en el análisis, la PMcM insta al ICAC a que aclare cómo deben computarse estos acuerdos en el Periodo Medio de Pago a Proveedores. “Sin controles más estrictos y sanciones efectivas seguirá existiendo opacidad en torno al confirming”, señala Cañete, y propone que la información sobre plazos y formas de pago se incorpore directamente a la facturación electrónica remitida a Hacienda, “lo que permitiría un seguimiento real de los pagos”. También reclama que la Administración Pública pague directamente a los subcontratistas para evitar retrasos en los plazos de pago de la cadena de subcontratación. La PMcM constata que los subcontratistas cobran con una media de 88 días, incumpliendo ampliamente los plazos legales.

El Reglamento 2024/1317

El Reglamento 2024/1317, que modifica las NIIF 7 y NIC 7, ha sido un hito en transparencia financiera al obligar a revelar de forma explícita las condiciones de los contratos de confirming: importes, plazos, garantías y documentos descontados por proveedores.

Tanto la jurisprudencia española como la europea han puesto límites. El Tribunal Supremo en España ha declarado nulos los pactos que establecen plazos de pago superiores a los 60 días previstos en la Ley 3/2004 (90 días en casos excepcionales de verificación), pero Cañete alerta de que “en España aún persiste la disparidad en la aplicación de estas obligaciones”, y reclama “una acción coordinada entre reguladores, supervisores, auditores y empresas para asegurar el cumplimiento efectivo”.