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La PMcM denuncia el uso del “confirming con anticipo obligatorio” para eludir el pago

El cliente consigue simular el pago dentro del plazo legal, contabilizar la deuda en su balance como «cuentas a pagar a proveedores» —manteniendo intacta su capacidad de endeudamiento financiero— y obtener una gran rentabilidad financiera, que normalmente comparte con el banco. Sin embargo, el efecto para el proveedor es pernicioso, ocasionándole un gravoso coste financiero”. Así califica el presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), Antoni Cañete, la nueva modalidad de «confirming con anticipo obligatorio», en la que el proveedor es obligado contractualmente al anticipo de un pago confirmado en la fecha y al coste que al contratista principal le convenga.

Antoni Cañete espera y confía en que el nuevo Ejecutivo y todos los grupos parlamentarios apoyen, con la mayor celeridad posible, la aprobación de la Propuesta de Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad, ahora en trámite parlamentario. “Su promulgación acortará los plazos de pago en España, una de las mayores preocupaciones de pymes y autónomos”, señala.

 

“El hecho de simular un confirming a un plazo largo, con la obligación de anticiparlo dentro del plazo legal de pago, diluye el efecto financiero real de un anticipo realizado a solo unos pocos días del vencimiento legal de la factura, simulando unos costes financieros normales cuando en realidad, se trata de intereses que exceden con mucho el límite de la usura. De hecho, cuanto más largo sea el plazo del «confirming con anticipo obligatorio», más disimulado queda el interés real que está pagando el proveedor a la entidad financiera o al propio cliente por el hecho de cobrar sus facturas dentro del plazo legal de pago”. La PMcM aprovecha para recordar al nuevo Gobierno que en el próximo Informe de Plazos Medios de Pago (PMP) de las Administraciones Públicas —que publicará el próximo 29 de junio con datos referidos a abril— tendrá que verse reflejada la instauración del cambio de metodología de cálculo de los PMP a proveedores, que les exigió modificar el Tribunal Supremo de la Unión Europea tras las denuncias y reclamaciones de la PMcM.

Además, la Plataforma quiere recordar también que los numerosos avances realizados en materia de plazos de pago con la aprobación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público “perderían gran parte de su utilidad si no se aprueba un régimen sancionador que castigue sus incumplimientos, que está contemplado precisamente en la Propuesta de Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad”.

“De hecho”, según Cañete, “algunas compañías grandes, que son los principales infractores de las leyes contra la morosidad, ya han diseñado nuevos mecanismos para eludir sus obligaciones, incrementando la opacidad de los contratos e incurriendo en fraudes de ley tales como el pacto de plazos de pago superiores a los legales”.

Por ejemplo, si el proveedor realiza un trabajo el 2 de marzo y la fecha máxima legal de cobro es a los 60 días (1 de mayo), el cliente le obliga a firmar un confirming por el que se registra que va a cobrar unos días antes de que finalice ese plazo legal (28 de abril), pero teniendo el proveedor que asumir el importe del tipo de interés y de la comisión que se le cargan por firmar un confirming con fecha de vencimiento varios meses después (24 de septiembre). En este caso simulado, por ese anticipo de tres días, al proveedor se le cobrará 22,74 euros de intereses y 500 euros por comisión, con el 87,56% TAE.

Según el último “Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2017” —elaborado por la PMcM— al 72% de los proveedores se les impuso plazos de pago superiores a los permitidos por ley, el 92% de los proveedores no exigieron la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago y el 85% nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora. El plazo medio de pago a proveedores se redujo en 2017 en el sector público en 6 días (un -8,4%), pasando de 71 a 65, mientras que en el sector privado se mantuvo en 77 días, estando lejos en ambos casos de los 30 y 60 días que establece la ley respectivamente

No obstante, la PMcM ha constatado “en más de una ocasión que la facturación electrónica se encuentra aún lejos de ser universal en las AA.PP., atendiendo a casos concretos de instituciones que presentan dilatados plazos de pago que suponen un serio revés en la modernización y digitalización de nuestro sistema público de contratación y provocan que muchas empresas se encuentren en graves dificultades para cobrar sus facturas”, según Cañete.