La Generalitat de Cataluña aprueba pagar directamente a los subcontratistas, “medida histórica” para las pymes

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad acaba de hacer pública su satisfacción por la decisión tomada por la Generalitat de Cataluña por la que se aprueba efectuar pagos directos a los subcontratistas por parte de la Administración. Esta iniciativa, que califica como “medida histórica” para las pymes, será tramitada en el Parlamento de Cataluña la próxima semana y supone un avance significativo en la lucha contra la morosidad, porque garantiza una mayor agilidad en los pagos y aporta liquidez a las empresas, en su mayoría pymes y autónomos.

El pago directo por parte de una Administración Pública a los subcontratistas es una reivindicación histórica de la PMcM, que en la última edición del “Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2023” constató que los subcontratistas reciben sus pagos por parte de los contratistas principales en una media de 99 días, un plazo muy superior al establecido por la legislación vigente. El presidente de la Plataforma, Antoni Cañete, valora que “esta medida pionera por parte de la Generalitat podría servir de ejemplo para otras Administraciones Públicas en España e incluso a nivel estatal, con el fin de extender este mecanismo y lograr un entorno empresarial más justo y equilibrado”. Y argumenta su impacto en el hecho de que “reducir los plazos de cobro de los subcontratistas mejorará la liquidez de las empresas reduciendo el riesgo de inviabilidad y tendrá una incidencia positiva sobre otras variables tales como su necesidad de financiación y el empleo”. La PMcM considera que “una correcta implementación de este sistema permitirá que los pagos lleguen de manera efectiva y ágil a quienes realmente ejecutan los trabajos, eliminando las dilaciones impuestas por los contratistas principales”.

Reglamento Europeo contra la Morosidad, en trámite

Desde la propia Plataforma se aprovecha también la relevancia del futuro Reglamento Europeo contra la Morosidad, que está actualmente en trámite y que debe marcar «el fin de los plazos abusivos que minan la competitividad y viabilidad de las empresas, especialmente las pymes y autónomos, afectando su productividad y capacidad de empleo«. La nueva normativa proporcionará a las empresas españolas un marco jurídico sólido y previsible para combatir los retrasos en los pagos, tanto en las relaciones entre empresas como con las Administraciones Públicas. “Además, al tratarse de un reglamento de obligado cumplimiento en todos los Estados miembros, se garantizará su aplicación uniforme en toda la Unión Europea, contribuyendo así a la estabilidad financiera del tejido empresarial”, concluyen en la PMcM.