¿Hay margen para aprobar la reforma de la tarifa regulada PVPC antes del 23 de julio?

La pasada semana, la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, afirmó la voluntad del Gobierno de aprobar la propuesta de reforma de la tarifa regulada de la electricidad, la que se conoce como Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, PVPC, por sus siglas, y a la que tienen acceso los consumidores que cuentan con una potencia contratada inferior a los 10 kilovatios.

En concreto, en un desayuno informativo aseguró que el objetivo era que “estuviese aprobada en este primer semestre”. Sin embargo, la convocatoria electoral que el presidente, Pedro Sánchez, anunció ese mismo lunes, cuestiona ahora que esa aprobación tenga lugar en alguna de las reuniones del consejo de ministros que restan antes del 23 de julio, día señalado para los comicios. Y más aún, teniendo en cuenta la situación de provisionalidad que se vivirá en las próximas semanas, previas a las elecciones generales.

El objetivo de esta reforma se basa en poder desligar el Precio de Venta al Pequeño Consumidor del mercado mayorista de la electricidad (pool), que, al haber sido el más afectado por la escalada de los precios energéticos, ha convertido a los domésticos con dicha tarifa en “los principales damnificados por la espiral alcista de los precios mayoristas de la electricidad, ya que el precio final de la electricidad trasladado por las comercializadoras de energía eléctrica en estos contratos es un fiel reflejo de la evolución de los precios de casación marginalista en aquellos mercados”, se expresa literalmente en el Real Decreto del pasado 28 de marzo.

Posible aprobación este martes 6 de junio

En todo caso, una previsión es que la aprobación podría producirse en la reunión de este martes 6 de junio y que se incluya también la opción de celebración de las subastas de energías renovables, de cara a que los precios sirvan de referencia, parcialmente, para la nueva tarifa regulada, tal y como señalan en el diario elEconomista.es. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico hizo pública su propuesta en el último trimestre de 2022 y en ella se trataba de luchar contra la volatilidad de los precios a través de una metodología nueva, que combina productos a plazo y del mercado, con prevalencia inicial del 75 % para estos últimos, aunque los mercados de futuros irán creciendo hasta pasar del 25 % inicial a un 55 % al final del periodo, en 2025. De este modo se paliaba la mayor influencia del mercado diario, más volátil, para ofrecer una mayor dependencia de los mercados a plazo, que son más estables.

Al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor están ligados ahora mismo alrededor de nueve millones de puntos de suministro, algo más de un tercio del total. Tradicionalmente ha sido la mejor opción para los contratos domésticos, desde que el Gobierno de Mariano Rajoy lo creara, en 2014. Sin embargo, las fuertes oscilaciones en el precio de la energía y su vinculación al mercado mayorista repercutió en un incremento del 125 % de sus valores entre junio de 2021 y mayo de 2022.