Las visiones radicalmente opuestas de la política energética de Sumar y Vox

A continuación efectuamos un breve repaso por las líneas estratégicas en materia de política energética que incluyen en sus respectivos programas y de cara a las elecciones de este domingo de los partidos Vox y Sumar, las dos opciones a las que las encuestas otorgan un porcentaje de voto minoritario respecto al PSOE y PP, pero con un papel que podría ser decisivo a la hora de poder formar gobierno.

Vox defiende la energía nuclear, el vehículo de combustión y “las imposiciones de la nueva religión climática”

El ideario de Vox en política energética se basa en el impulso de “un Plan Nacional de Soberanía Energética para asegurar que los recursos energéticos de que dispone España sean aprovechados para la generación energética y reducir la dependencia del exterior al máximo”. Su prioridad es asegurar esa soberanía energética y también elaborar “un plan de emergencia para hacer frente a cortes de energía o de suministros inesperados y prolongados”. Respecto a la factura, Vox quiere eliminar “los impuestos que pesan sobre la factura de la luz”, que considera que se impusieron para asumir “los costes del desarrollo de las energías renovables, costes que siguen pagando los españoles”, añaden.

Otro axioma señala que “vamos a detener el cierre súbito de plantas industriales y energéticas provocado por las imposiciones de la nueva religión climática”, y añade que “España debe adaptar los plazos de la transformación a una economía menos contaminante sin poner en peligro el empleo de los españoles y pensando en el interés nacional. Pretende también utilizar “los emplazamientos de las centrales nucleares cerradas y los nodos de vertido de las centrales térmicas clausuradas en España para implantar en dichas localizaciones mini reactores nucleares”, además de fomentar “la inversión y actualización del parque de generación nuclear y promoveremos la extensión de la vida útil de las centrales nucleares existentes”.

Derogar la ley de cambio climático y transición energética

Sobre los precios de la energía reclaman “transparencia total, desglosándolos por tipo de producción, mediante una reforma completa del operador del mercado”. Exigen también “una modificación del mecanismo marginalista de fijación del precio de mercado de la electricidad, en el que la tecnología más cara fija el precio final” y quieren también despolitizar “los consejos de administración de las eléctricas”, porque “las puertas giratorias han provocado una abundancia de políticos en los consejos causando pérdida de soberanía energética, sueldos millonarios para los expolíticos y pobreza energética para los españoles”.

Optan por suprimir “la ley de cambio climático y transición energética” y acabar también con cualquier “obligación de eficiencia energética en los edificios de titularidad privada que no se cumplan en primer lugar por todos los inmuebles públicos”. Su programa apenas hace alguna alusión específica a las energías renovables y, en ningún caso, refiere objetivos ni incentivos para aumentar ni favorecer su implantación. Tampoco tiene protagonismo alguno la movilidad sostenible, salvo cuando afirma que “exigiremos el fin de la prohibición de fabricar coches de combustión a partir de 2035”.

Sumar aboga por “impedir la integración vertical de generación, distribución y comercialización en empresas del mismo grupo”

Para el programa electoral de Sumar la transición ecológica es “el desafío de nuestro tiempo”, define a España como “potencia verde” y apuesta por un “sistema energético 100 % renovable, eficiente y democrático”.  Dedica un apartado a la “política industrial para la transición energética y el empleo” y en él especifica que “con la política industrial adecuada, España puede ofrecer, a industrias estratégicas de alto valor añadido, ventajas relacionadas con la energía, como la garantía de suministro o su potencial para la producción de energía renovable a un precio reducido (energía solar, eólica terrestre o hidrógeno verde)”.

El partido de Yolanda Díaz quiere implementar “un plan nacional de transición energética”, con el que “democratizar el sistema de producción y distribución energética y abaratar los precios de la energía”. Y lo centra en cinco apartados: rehabilitación de 500.000 viviendas al año; una Ley de Tejados Solares para impulsar el autoconsumo; reforzar el ritmo inversor en energías renovables; una Ley de Financiación del Transporte Colectivo, Público o de Bajas Emisiones para avanzar en la movilidad sostenible; y facilitar el autoconsumo y las comunidades energéticas locales.

Mecanismos para financiar el autoconsumo colectivo en hogares con rentas bajas

Es genérico en la lucha contra la pobreza energética, “se establecerán los mecanismos necesarios para que todas las personas puedan beneficiarse del acceso a una energía limpia y barata”. Habla de “una tarifa social que permita garantizar el suministro básico a todos los hogares, cuya tramitación no dependa de los operadores de la red”, además de “la automatización del bono social y el bono térmico”. Igualmente contempla “mecanismos específicos de financiación para la instalación de autoconsumos colectivos destinados a los hogares de rentas baja”.

Considera que la fiscalidad es “un elemento clave para corregir la injusticia climática”, con gravámenes “a los beneficios extraordinarios de la industria fósil”, así como “exenciones y penalizaciones fiscales con criterios de progresividad que sirvan para consolidar los sectores motores de la transición ecológica justa”. También quiere “facilitar el acceso al vehículo eléctrico, simplificando las ayudas a la compra e introduciendo criterios progresivos de renta y promoviendo una red de puntos de recarga con criterios sociales y territoriales”.

Reivindica también el “acceso universal a la energía en un sistema tarifario progresivo para el consumidor doméstico”, garantizando un IVA superreducido al 4 % para los 1.500 kWh al año. Con respecto al autoconsumo, cuantifica el objetivo en 24.000 MW para 2030, según las necesidades de descarbonización y habla de cinco líneas de actuación en el pacto social para la transición energética: simplificación y facilitación del autoconsumo; creación de un mapa nacional de instalación preferente de energías renovables; desarrollo renovable responsable que priorice las plantas en suelos degradados; creación de una agencia pública de mediación; y reforma del mercado eléctrico para abaratar la energía en la proximidad de las plantas de generación. También plantea la creación de un Fondo Público de Inversión en Energía Renovables. Igualmente plantea una reforma de la Ley del Sector Eléctrico basada en recuperar la utilidad pública de la electricidad; potenciar el papel del Estado en el sector de la energía para garantizar las necesidades básicas; impedir definitivamente la integración vertical de actividades de generación, distribución y comercialización en empresas del mismo grupo; reformar el mercado marginalista; o la creación de un fondo nacional de sostenibilidad del sistema eléctrico.