La CNMC investiga a la distribuidora eléctrica de Naturgy y a sus matrices por prácticas anticompetitivas

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia anunció la semana pasada que investiga a UFD Distribución Electricidad, S.A., y a sus matrices Holding Negocios Electricidad y Naturgy Energy Group por supuestas conductas contrarias al artículo 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. La compañía habría priorizado las incidencias y reclamaciones presentadas por ciertas comercializadoras entre 2021 y 2022 y estas prácticas afectarían al mercado de suministro eléctrico en los territorios donde UFD actúa como distribuidora.

La investigación de Competencia se basa en que la compañía habría dado un trato preferente y discriminatorio a las incidencias y reclamaciones presentadas por ciertas comercializadoras entre 2021 y 2022, en detrimento de terceras comercializadoras independientes. Así, UFD podría haber falseado la libre competencia en el mercado del suministro minorista de energía eléctrica y haber incumplido la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, con un posible abuso de posición de dominio.

La investigación se inició a partir de una serie de denuncias contra UFD por prácticas contrarias a la LDC, y de la información reservada que llevó a cabo la Dirección de Competencia (apartado 2 del artículo 49 de la LDC). Ante la sospecha de posibles prácticas anticompetitivas, la CNMC inspeccionó dos sedes del Grupo Naturgy. Desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se señala también que la incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. Ahora se abre ahora un periodo máximo de 24 meses para su instrucción y resolución.

Desde Instaladores 2.0 ya informamos a finales del pasado mes de noviembre de la investigación abierta por la propia CNMC contra la distribuidora del Grupo Naturgy y sus matrices por un posible abuso de posición de dominio, en este caso. Además, hace ahora aproximadamente un año, la CNMC anunció la apertura de varias inspecciones en las sedes de empresas relevantes del sector eléctrico por posibles prácticas anticompetitivas, constitutivas de un abuso de posición de dominio y/o falseamiento de la libre competencia por actos desleales. En este caso afectaban a los mercados de instalación de equipos y prestación de servicios de medida eléctrica; comercialización de energía eléctrica, y al de prestación de servicios energéticos y de instalación y operación del autoconsumo en España.