El Gobierno refuerza la Inspección de Trabajo y aumenta su presupuesto para luchar contra “nuevas formas de fraude”

El Consejo de Ministros aprobó la semana pasada el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social 2021-2023, que quiere modernizar la entidad, dotándola de herramientas y recursos que garanticen su adaptación a los nuevos desafíos en el ámbito laboral. Lograr una inspección de trabajo reforzada e innovadora es el objetivo del plan, que implica un aumento del 20 % en su presupuesto y el empleo para lograrlo de una tecnología más avanzada con el fin de detectar el fraude.

El plan contempla mejoras estructurales y operativas para reforzar el peso de la actuación inspectora y esto afectará en gran medida a los autónomos, un colectivo en el que resulta más complicado detectar los casos de economía sumergida debido al tamaño de sus empresas. La medida quiere contribuir a la mejora de la calidad del empleo y la lucha contra la precariedad y el fraude en materia laboral, de manera que la entidad se renueva actualizando estrategias y planes de intervención para hacer frente a las formas de fraude laboral más novedosas.

Big Data y nuevas tecnologías

Con la pandemia, ha llegado la digitalización a muchos pequeños negocios y autónomos, cambios de paradigma que han derivado en el desarrollo de nuevas actividades económicas y la creación de esas nuevas formas de fraude más modernas. Por este motivo, el Ministerio impulsará las nuevas tecnologías y el Big Data en el diseño de las actuaciones inspectoras e incorporará los perfiles «necesarios para hacer frente a los nuevos retos que surgen con una mayor movilidad laboral, el trabajo en plataformas digitales, el comercio electrónico, las cadenas globales de suministro o las nuevas condiciones de trabajo.

La Inspección reforzará su actuación en los despidos colectivos, en las suspensiones de contratos y en las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, así como ampliar sus competencias para intervenir cuando haya inaplicaciones de convenios colectivos. Además, se revisará toda la normativa de la Inspección para adaptar su contenido a la realidad de los entornos digitales y se cubrirán necesidades o vacíos de regulación, en particular con las nuevas formas de trabajo y el uso de las tecnologías.

Asimismo, se crea la Oficina Estatal de Lucha Contra la Discriminación, para combatir todo tipo de discriminación, ya sea de género, por discapacidad o condición sexual. Se instaura una unidad especial centrada en la Lucha Contra el Fraude en el Trabajo Transnacional, entre cuyos cometidos se encuentra el de detectar empresas buzón radicadas en España y que operan en otros países de la Unión Europea y viceversa.