Cepyme estudia con el Ministerio de Asuntos Económicos la implementación de la factura electrónica

El Observatorio de Morosidad de Cepyme se ha reunido con responsables del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, para analizar los detalles de la implementación de la factura electrónica. La directora general de Política Económica, Elena Aparici, ha trasladado a Luis Collado, presidente del citado Observatorio y también de la patronal madrileña, Aecim, detalles sobre las líneas de desarrollo reglamentario del bloque relativo a la factura electrónica incluido en la Ley Crea y Crece.

Por su parte, las organizaciones integradas en el Observatorio han trasladado al ministerio preocupaciones en relación con la puesta en marcha de la factura electrónica, como las relativas a la protección de datos o el periodo de adaptación por el que tendrán que transitar las pymes, entre otras. Luis Collado, ha celebrado la dedicación y disposición del ministerio para desgranar los aspectos en que se pueda facilitar a las pymes la adaptación al pago electrónico.

Desde el Observatorio de Morosidad de Cepyme valoran que “para que la factura electrónica sea considerada como un instrumento positivo de cara a facilitar el control y el cumplimiento de los plazos de pago, es imprescindible diseñar de manera minuciosa su implantación y los sistemas de información, así como medidas de ayuda para lograr un funcionamiento sencillo en empresas y autónomos”. Aprovecharon también para manifestar “que existen debilidades que no soluciona por sí sola la próxima implantación de la factura electrónica, como el desigual poder de negociación de las empresas según su tamaño o la morosidad del sector público”.

“La factura electrónica puede contribuir al control de la morosidad”

Consideran que “la factura electrónica puede contribuir al control de la morosidad si se logra una implantación sencilla, factible y acorde con la realidad de las pymes y autónomos”. El Observatorio ha intensificado la interlocución con Bruselas respecto al problema de la morosidad, y ha tratado con el ministerio aspectos sobre la revisión de la Directiva 2011/7/UE de Lucha contra la Morosidad. Creen también que es “prioritario acelerar la tramitación e intentar que se culmine antes de las elecciones al Parlamento Europeo”, pese a que la convocatoria electoral del próximo 23 de julio puede suponer un freno a las tareas de la Presidencia española del Consejo Europeo. Además también consideran “necesario zanjar la morosidad de las Administraciones Públicas y evitar que ayudas a sectores más necesitados, como las facilidades para la industria gas intensiva, se traduzcan de forma directa o indirecta en aumentos de la morosidad.