La formación para el empleo exige una reforma profunda y eficiente

En medio de la Presidencia de España en el Consejo de la Unión Europea y con el 2023 marcado como el Año Europeo de las Competencias, Confemetal se hace eco de que la situación de la formación profesional en el trabajo en el país está empeorando gradualmente, afectando aspectos clave como “la innovación, el desarrollo tecnológico, la digitalización, la sostenibilidad, la productividad empresarial y la competitividad global de nuestra economía”.

Las empresas, especialmente las industriales, enfrentan dificultades para contratar trabajadores cualificados, un problema que se ha vuelto estructural y que afecta seriamente la competitividad en varios sectores de actividad. Este problema está socavando la efectiva utilización de los fondos europeos, retrasando la recuperación y comprometiendo el futuro de sectores cruciales, según señalan desde la patronal del Metal. El modelo español de formación para el empleo, tanto para ocupados como para desempleados, se ha deteriorado y hay datos que lo atestiguan, “en los últimos siete años el sistema ha generado un remanente de 5.971 millones de euros no gastados, mientras las empresas han dejado de bonificarse 909 millones de sus créditos disponibles, de modo que entre 2014 y 2022 han sido 127.900 las empresas que han dejado de utilizar las bonificaciones a la formación a las que tenían derecho. En paralelo, apenas un 8 por ciento de los desempleados reciben formación a través del sistema”, señalan.

Razones del mal funcionamiento

Desde Confemetal achacan el mal funcionamiento a “numerosas razones que van de la propia concepción de la formación como una política activa de empleo, cuando debe ser un derecho y una obligación reconocida en la negociación colectiva, hasta la obsolescencia de un marco legal y reglamentario agotado que quita a los agentes sociales capacidad de decisión sobre una cuestión en la que son los verdaderos conocedores de los problemas y sus soluciones, y que es decisiva para el desarrollo de la actividad productiva y capital para el clima laboral y social en las empresas”.

La burocracia y rigidez del sistema obstaculizan el desarrollo de la formación sin mejorar su calidad ni aumentar su cantidad. La ruptura del sistema de caja única y cuota obligatoria final, que antes promovía la eficiencia y el nivel técnico de la formación, junto con la creciente falta de seguridad en las bonificaciones a la formación, y que afecta especialmente a las pymes, que son la mayoría en España.

A pesar de las contribuciones de empresas y trabajadores a través de cuotas, las posibilidades de utilizar estos fondos para la formación necesaria se han reducido. En 2022, se recaudaron 2.556 millones de euros a través de la cuota finalista de formación, con el 85 % aportado por las empresas y el 15 % restante por los trabajadores.

El problema de la inseguridad jurídica

A las pymes también les afecta la inseguridad jurídica, porque el cambio de criterio en la aplicación de las bonificaciones a la formación obligatoria se está aplicando en algunos casos con efecto retroactivo y sanciones. Desde la patronal aducen que “corregir esta situación y restablecer la seguridad jurídica de las empresas con medidas normativas y administrativas urgentes va más allá del ámbito formativo y de las cualificaciones, y afecta al núcleo de nuestro sistema económico a la productividad de las empresas, las posibilidades de desarrollo laboral de los trabajadores y la competitividad del país”.

Y añaden también que “la Formación Profesional de calidad debe convertirse en un objetivo político y en una exigencia social, para que empresas y trabajadores puedan adaptarse a entornos competitivos y laborales cada vez más cambiantes y exigentes”. Y no es sólo un instrumento para aprovechar el cambio económico y tecnológico y la globalización en curso, es también un factor de promoción social y personal, de fomento de la empleabilidad de los trabajadores, especialmente de aquellos que pertenecen a los grupos específicos menos favorecidos, de integración y de cohesión social. Confemetal concluye que “la formación -continua, para el empleo y profesional- se encuentra en una gravísima situación y exige una urgente y profunda reforma basada en el diálogo social, para que quienes mejor conocen los problemas, las necesidades y el ámbito en el que las soluciones deben aplicarse, sean decisivos en su desarrollo y aplicación”.