Total rechazo a la incorporación de la “libertad de pacto entre las partes” al Reglamento Europeo de Morosidad

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad ha hecho pública su alarma ante “las consecuencias dramáticas de aprobar la libertad de pactos en el Reglamento Europeo de Morosidad”, que actualmente se encuentra en periodo de tramitación. La PMcM advierte a los eurodiputados de esta posible “involución”, y señala que “siendo legítima, en este caso no logrará la neutralidad que persigue; de hecho, se abre la puerta a, de manera legal, generar plazos mayores a los previstos por el reglamento”, y añaden también que “cuando la parte económicamente más débil debe financiar a la más potente, no hay ecuanimidad, la libertad de plazos de pago puede no ser equitativa”. En la misma línea se han expresado desde Fenie, Federación Nacional de Empresas de Instalaciones Eléctricas, Telecomunicaciones y Climatización de España, que ha expresado su “total rechazo” a la medida.

La iniciativa parte de los grupos parlamentarios conservadores, Partido Popular Europeo (EPP) y Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), como parte de las enmiendas a la propuesta de Reglamento de Plazos de pago de la Comisión Europea. Para la PMcM es “un paso atrás en la lucha por la disminución de los plazos de pago” y sostienen que “si se instaurara la libertad del pacto entre las partes, sin duda aumentarán los plazos de pago al haber muchísimos interesados en pagar tarde, porque hacerlo conlleva un enorme beneficio financiero, especialmente en periodos inflacionistas y de altos tipos de interés”. Por eso demandan de los grupos parlamentarios “para que actúen con responsabilidad y respalden, el próximo día 22, las enmiendas de compromiso acordadas previamente”

Antes de ser presentadas estas enmiendas de los grupos conservadores, los restantes grupos ya habían alcanzado un acuerdo sobre nueve enmiendas de compromiso, que mantenían la coherencia con la propuesta inicial de la Comisión Europea y recogían las propuestas presentadas por la PMcM. Para su presidente, Antoni Cañete, “la implementación de la libertad de pacto entre las partes supondría un retroceso a la situación previa a la Ley de 2010”. En estas nuevas enmiendas se propone la opción de alargar los plazos de pago a más de 30 días siempre que se especifique en contrato y el alargamiento no sea “manifiestamente injusto” para el acreedor. Desde la PMcM se valora como una “contradicción en sí misma: nadie va a especificar en un contrato algo manifiestamente injusto”.

Además también incluye la eliminación del control de pagos a subcontratistas en la contratación pública. Esto “perjudicará a los subcontratistas que cobrarán sus facturas a mayores plazos sin ningún control ni responsabilidad por parte de las Administraciones Públicas”, asegura Cañete.

Fenie expresa su «total rechazo»

Por parte de Fenie se añade que “aunque la enmienda propuesta excluiría la posibilidad de aplicación entre pymes y grandes empresas o la administración, la experiencia demuestra que las compañías más grandes disponen de los medios para obviarla si, por ejemplo, se firmaran los contratos a través de compañías interpuestas de menor tamaño”. Sostienen, además que “en el caso que se firme un contrato por una gran empresa a través de una compañía de menor tamaño o que se aplique una cláusula que no sea manifiestamente injusta, las pequeñas empresas y autónomos no tienen capacidad para demostrar ante la autoridad competente estas situaciones por lo que les supondría un alto grado de indefensión. Del mismo modo, para la administración también supondría, en la práctica, un control imposible de la legalidad de los plazos de pago”.

Por último, añaden también si la principal motivación del reglamento “era la de establecer mecanismos que contribuyesen a que las grandes empresas dejasen de financiarse de las pequeñas empresas a través del aplazamiento de los pagos”, en caso de aprobarse estas enmiendas, “la publicación del reglamento carecería de sentido dado que, no es que solucione el problema, si no que estaría dotando de mayores herramientas a las grandes empresas para abusar de las pequeñas empresas y autónomos”.