Más de cien asociaciones contra el proyecto de Ley de Contratos del Sector Público

Más de 100 asociaciones y gremios, que representan más de 1,5 millones de empresas, algunas de ellas dentro de las patronales de grandes empresas, se han adherido a la propuesta de Pimec, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) y la Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón (CEAC) para denunciar que el proyecto de Ley de Contratos del Sector Público “deja una vez más a las pymes en condiciones de desventaja, en contra de lo que establecen las Directivas Europeas”.

Estas tres entidades han redactado una propuesta de enmiendas que han presentado el Gobierno ante el Congreso de los Diputados y también ante los partidos políticos con representación parlamentaria. Igualmente, la propuesta se hará llegar a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En ella alertan de la gran transcendencia de esta Ley para la economía, ya que la contratación pública supone casi el 20% del PIB y denuncian que “el texto es ambiguo y no contempla las medidas realmente necesarias para facilitar el acceso de la pyme a la contratación pública y, por tanto, no cumple con uno de los mandatos de las Small Business Act (SMB)”.

Además, aseguran que “el proyecto de Ley no apuesta decididamente por la división en lotes, tal y como establece la directiva europea”. Este tipo de división es, para los firmantes, “la manera de garantizar un mejor acceso de las pymes a la contratación pública y generar un mayor crecimiento de nuestra economía y empleo”.

El Proyecto de Ley tampoco recoge la demanda de que se cumpla escrupulosamente la legislación vigente en materia de morosidad. “De hecho permite legalmente la ampliación de los plazos de pago establecidos previamente, tanto por la legislación española como por las Directivas Comunitarias”, añaden.

Tampoco ha contemplado “establecer mecanismos de pago y relación directa al subcontratista, tal como posibilita la Directiva 2014/24 y lo que es más grave, abre la puerta al pacto entre las partes”. En cuanto al necesario seguimiento del contrato, “el Proyecto de Ley solamente indica que los órganos de contratación podrán designar un responsable del contrato a quien corresponderá supervisar su ejecución”. Según las tres entidades, “la designación de un responsable del contrato se debería de efectuar siempre para el correcto seguimiento de los contratos.

Estas entidades ya denunciaron ante Europa la no transposición de las directivas. El proyecto que ahora se tramita lo hace con carácter de urgencia obedeciendo a una imposición de la Comisión Europea en el marco del procedimiento de déficit excesivo del año 2016, una vez que el plazo máximo (abril de 2016) para la transposición de la directiva haya sido superado por España.