La sentencia europea por los intereses del Plan de Pago a Proveedores, un golpe a punto de castigar al Gobierno

El Tribunal de Justicia de Luxemburgo está ultimando la sentencia que obligará al Gobierno a devolver los intereses de demora a los que forzó a renunciar a todos aquellos que se acogieron al Plan de pago a proveedores, en total unos 3.000 millones de euros, que van a ser un duro golpe contra un Gobierno al que Europa ya ha exigido recortes presupuestarios cercanos a los 10.000 millones de euros, recientemente.

El Ministerio de Hacienda abonó a las empresas, entre 2012 y 2014, las facturas que les adeudaban hasta entonces las autonomías y los ayuntamientos, por un total de 41.814 millones de euros, con la condición de que renunciasen a los intereses de demora correspondientes. Luego, muchas empresas reclamaron esas cantidades y las sentencias resultantes han fallado a su favor. Gracias a ellas se ha podido recurrir ante la Comisión Europea y así es como ahora el caso está a punto de resolverse de manera contraria al Gobierno y con el detalle además de que la consultar sera vinculante y sentará jurisprudencia, lo que hace prever una catarata de demandas de pymes posteriores a la sentencia.

El calculo de los intereses se efectúa a un porcentaje del 8% annual, más el tipo de interés del Banco Central Europeo. Esto supone 870 millones por los pagos de 2012; 735 millones por los de 2013; y 570 millones por los de 2014, más el retraso por la antigüedad media de las facturas, que eleva la cifra hasta casi 2.900 millones de euros.