La morosidad siguió sin retraerse durante 2017

Las empresas no mejoraron sus plazos de pago en 2017, según denuncia y alerta la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, PMcM, en su informe anual sobre la morosidad comercial. El plazo medio de pago a proveedores se redujo durante el pasado ejercicio en 6 días en el sector público (un -8,4%), pasando de 71 a 65, mientras que se mantuvo en 77 días en el sector privado, estando lejos en ambos casos de los 30 y 60 días que establece la ley respectivamente. Tal y como ha afirmado el presidente de la Plataforma, Antoni Cañete, “por cuarto año consecutivo el sector público ha presentado un mejor comportamiento que el privado, que en 2017 se estancó sin registrar ninguna mejora”, y a continuación añade que “no obstante, estamos seguros de que, de aprobarse e implementarse correctamente el régimen sancionador, el año que viene los plazos medios de pago de las empresas se reducirán notablemente por la puesta en marcha de las nuevas leyes y del régimen sancionador que incluye una de ellas”.

El estudio ha sido elaborado a partir de más de 700 encuestas y ha determinado también que al 72% de los proveedores se les impusieron plazos de pago superiores a los permitidos por ley, al mismo tiempo que un 92% de los proveedores no exigieron la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago; mientras que el 85% nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora. La PMcM ha sostenido tradicionalmente como causa de esto el miedo a perder el cliente, por encima del desconocimiento de la ley, que un 71% asegura conocer. Cañete también apunta que “después de ocho años, no deja de sorprender que un 29% de las empresas aún la desconozca”. Según el Informe, el ratio de morosidad (porcentaje de impagos respecto al total de facturación), se cifró en el 2,4%, lo que significó un ligero aumento de 0,1 puntos porcentuales respecto a 2016.

La encuesta también subraya que casi la totalidad de los consultados –un92%- asegura estar a favor de la implantación de un régimen sancionador, medida contemplada en la Proposición de Ley de Refuerzo de la Lucha contra la Morosidad, cuya aprobación en el Congreso está prevista para el primer semestre del año. Su instauración es, según el presidente de la PMcM, “la pieza clave que falta para acabar de una vez por todas con la lacra de la morosidad, que merma la competitividad de nuestras empresas y del país y que ha causado ya el cierre de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido desde el inicio de la crisis”. De su puesta en marcha “dependerá en parte el éxito de la Ley de Contratación Pública -que entró en vigor el pasado 9 de marzo-, al no contemplar ésta ningún sistema de multas. Contamos con el compromiso de todos los partidos políticos para aprobar la nueva ley de sanciones y asegurar su eficacia”, añade. Esta Ley implica un cambio histórico y un impacto extraordinario en nuestra economía, pues la contratación de las diversas administraciones públicas alcanza los 180.000 millones € anuales, es decir, cerca del 18% de nuestro PIB.

Según la encuesta, sólo el 29% asegura presentar contratos de licitación pública. Un 13% afirma no hacerlo por la dificultad que representa el procedimiento, mientras un 5% tampoco lo hace por las malas experiencias que ha tenido con los plazos de pago de las Administraciones Públicas. “La PMcM mantendrá operativa una dirección de correo electrónico (administracion@pmcm.es) para ofrecer un canal directo a los autónomos y pymes que tengan problemas con la puesta en marcha de estas leyes”, informa el presidente de la entidad.