La morosidad empresarial en España como “una bomba de relojería que el Consejo Europeo quiere desactivar”

Así la define la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) en su último comunicado, en el que “alerta del carácter estructural y generalizado de la morosidad empresarial en España, similar a una bomba de relojería, que la Comisión Europea quiere desactivar. Lejos de ser anecdótica, esta práctica se ha convertido en un elemento habitual del modelo de negocio de muchas compañías, especialmente de las grandes”, concluyen.

El retraso en los pagos se ha convertido en una práctica habitual en el tejido empresarial español, perjudicando gravemente a las pymes y ha derivado en esa situación que se define como «bomba de relojería». Según la PMcM, “algunas empresas cotizadas tardan hasta 309 días en pagar, muy por encima del límite legal de 60 días, lo que pone en riesgo la liquidez y la viabilidad de los pequeños proveedores”. Además, advierten también “que el marco legal actual es ineficaz por la falta de mecanismos de control y sanción” y, por ello, reclaman “su reforma urgente”.

Para el presidente de la entidad, Antoni Cañete, “pagar tarde se ha institucionalizado. Para algunas empresas es una forma encubierta de financiarse a costa de sus proveedores”. Todo ello en un país, donde el 99,8 % del tejido empresarial está formado por pequeñas y medianas empresas, y añade Cañete que “esta situación supone una amenaza sistémica para su supervivencia”.

Sin mecanismos de sanción efectivos

Según datos del Banco de España, en el segundo semestre de 2024 el plazo medio de pago entre las empresas cotizadas alcanzó los 136 días, e incluso algunos sectores alcanzaron cifras alarmantes de 252 y 309 días, respectivamente. Además, para la PMcM, “la Directiva 2011/7/UE, que establece los plazos máximos de pago entre empresas y administraciones, carece de mecanismos de supervisión y sanción efectivos. Las administraciones públicas, que deberían ser ejemplares, no siempre cumplen los plazos, y los controles sobre los pagos a subcontratistas, previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, son insuficientes o inexistentes”.

La Comisión Europea ha propuesto el Reglamento COM(2023) 533, que aspira a sustituir la directiva vigente y que sería de aplicación directa en todos los estados miembro, sin necesidad de transposición, lo que permitiría una aplicación más uniforme y efectiva. Su versión original proponía un plazo único de pago de 30 días naturales, un sistema sancionador automático y la creación de autoridades nacionales de supervisión.

Durante su tramitación en el Parlamento Europeo, se han introducido algunas excepciones sectoriales que podrían alargar los plazos en situaciones justificadas, como en el caso de productos de baja rotación o estacionales. La Plataforma las cuestiona porque “corren el riesgo de debilitar el objetivo principal: erradicar la cultura del pago tardío en Europa”. Actualmente, el texto está en fase de discusión en el Consejo Europeo, donde las diferencias culturales y económicas entre países complican la negociación.

Para Cañete, la efectividad de este reglamento dependerá de que los Estados miembro lo apliquen “con firmeza, doten de medios a las autoridades supervisoras y no cedan a presiones sectoriales que busquen mantener el statu quo. La pregunta clave es si Europa va a proteger de verdad a las pequeñas empresas o si se dejará arrastrar, una vez más, por las excepciones y los intereses particulares”.

La Generalitat de Cataluña apuesta por los pagos directos a subcontratistas

En el ámbito nacional, la PMcM destaca la medida recientemente adoptada por la Generalitat de Cataluña, de realizar pagos directos a los subcontratistas para evitar los retrasos que imponen los contratistas principales y asegurar que el dinero llegue directamente a quienes ejecutan los trabajos. Según el “Informe sobre Morosidad en España 2024”, elaborado por la PMcM, los subcontratistas cobran con una media de 88 días, incumpliendo ampliamente los plazos legales.