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La falta de liquidez retrasa el pago de sus facturas a pymes y autónomos

3 de cada 4 consultados por la Plataforma Multisectorial de la Morosidad aseguran que autónomos, micropymes y pymes, que han sido históricamente quienes más han sufrido los impagos de sus proveedores, son ahora quienes peor pagan debido a la falta de liquidez que sufren, a consecuencia de la paralización de la actividad, derivada de la crisis sanitaria. Así lo ha constatado el 74 % de los más de 700 participantes entrevistados. Para el 39 % los que más están tardando en pagarles son los autónomos y las micropymes, y para el 35 %, las pymes. La propia Plataforma considera que es una “evidencia” sobre el hecho de que “están siendo los menos protegidos por las ayudas del Estado y, por tanto, los que más graves consecuencias sufrirán”. La crisis del coronavirus “está mermando su liquidez –que ya antes estaba afectada precisamente por la morosidad de sus clientes– hasta tal punto que empiezan a no poder pagar en plazo a sus clientes; la cadena de pagos está más fracturada que nunca”, asegura el presidente de la PMcM, Antoni Cañete.

La entidad exige al Gobierno que reaccione de manera inmediata ante esta nueva realidad, que derivará dentro de unos meses en “una situación de impagos sin precedentes en España, y eso que ya desde hace años veníamos siendo el país europeo con los plazos de pago más largos”. La propia PMcM ha presentado propuestas para ingresar liquidez como la devolución de los IVA´s pendientes de compensar; la creación de una línea ICO para pagar facturas pendientes a interés cero; que se liberen parte de los 12.000 millones de euros de remanente que tienen los ayuntamientos retenidos en las cuentas para que paguen a sus proveedores; que mediante un Real Decreto Ley se obligue a las Administraciones Públicas y a las grandes compañías con balances saneados y capacidad de financiación a liquidar urgentemente los pagos pendientes a proveedores (15.000 millones de euros en el caso de las AA.PP. y 122.000 millones en el de las compañías del Mercado Continuo); que se agilicen los trámites burocráticos y haya un criterio consensuado único que permita a pymes y autónomos facturar los contratos públicos paralizados por la crisis sanitaria del coronavirus; y que la AA.PP asegure el eficiente reparto de los lotes en las licitaciones de manera que las pymes mejoren su acceso a la contratación pública y puedan beneficiarse del previsible aumento de gasto en inversión pública que el Gobierno hará para afrontar la crisis del coronavirus.

Retraso en los plazos de pago

También según la encuesta, el 70 % de las empresas confirma plazos de pago más largos en el sector privado, y el 28 % en el sector público. Además, para el 78 % de las empresas, la pandemia está afectando “mucho” a su negocio. El 94 % ha visto que sus ventas han disminuido, con un porcentaje de reducción del 58 %. Entre las principales preocupaciones de las empresas están la falta de actividad (82 %), de liquidez (61 %) y el mantenimiento de la plantilla (42 %). En el momento de realización de la encuesta, el 53 % de las empresas se encontraban abiertas con restricciones, el 38 % abiertas sin ningún tipo de restricción y el 9 % cerradas.

Los impagos de las grandes compañías afectan especialmente al último eslabón de la cadena de pagos, los subcontratistas en adjudicaciones públicas. El 49 % de las empresas encuestadas que son subcontratistas en adjudicaciones públicas ha notado que desde el comienzo de la crisis se han alargado los plazos en los que cobra por parte de sus clientes, los contratistas principales. Ante esta situación, Cañete recuerda que “debe poder ejercerse la acción directa de los subcontratistas frente a las AA.PP., en el caso de que los contratistas estén retrasando sus pagos”. La realidad es que, según el sondeo, solo al 0,4 % de los subcontratistas le han ofrecido poder cobrar directamente de la Administración en vez del contratista principal.

Desde la PMcM se recuerda también que no debería permitirse que grandes compañías con balances saneados y capacidad de financiación no estén cumpliendo la Ley de Lucha contra la Morosidad. También pide que las empresas con filiales en paraísos fiscales no puedan acceder a ayudas y avales. Además, las ayudas a grandes compañías, como por ejemplo que se acojan a ERTE´s, deberían condicionarse a que hayan liquidado sus cuentas con proveedores. El 72 % de las empresas consultadas cree que ante la crisis del COVID-19, hubiera sido útil el funcionamiento de un Régimen Sancionador que multara a las empresas morosas.