El sector público empeora sus plazos de pago y paga peor que el privado por primera vez desde 2014

Durante 2024, el plazo medio de pago del sector público aumentó 12 días (hasta los 67 días de media), mientras que el del sector privado se redujo en 6 días (hasta situarse en una media de 64 días). En ambos casos se trata de registros que sobrepasan los plazos medios de pago establecidos por la Ley 15/2010: un total de 30 días para las Administraciones Públicas y de 60 días para las empresas. Son los datos del último informe de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, para la que la evolución del sector público refleja un “incremento alarmante”.

La PMcM presentó la pasada semana el informe en Madrid y su presidente, Antoni Cañete, reclamó “una solución inmediata”, después de insistir en que “los gobiernos, para demostrar su verdadero compromiso, deben empezar por garantizar que cumplen con las reglas que ellos mismos dictan”, porque “no existe justificación para que las Administraciones Públicas y el sector público empeoren sus plazos de pago y deberían ser las primeras en respetar los tiempos que imponen, dando ejemplo al sector privado”. El Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2024 ha sido elaborado a partir de más de 500 encuestas realizadas a las organizaciones propias integradas en la Plataforma y también a otras ajenas a ella.

La Administración Local es la que peor paga de todo el sector público

Según los datos del estudio, para el 52 % de los encuestados la Administración Local es la que más tarda en pagar, por delante de la Regional, que lo es para un 28 %, mientras por detrás estaría la Administración Central, con un 20 % de respuestas. La PMcM constata que los datos contrastan con los oficiales, que facilitan cifras más optimistas y próximas al plazo legal, así lo atestigua también el Observatorio de Pagos de la Unión Europea. Para Cañete, una explicación a esta brecha podría residir, en parte, en “determinadas malas praxis”, como lo ocurrido hace poco con el Ayuntamiento de Lugo, “que, presuntamente, retrasó de forma interesada la inscripción en el registro de facturas, por lo que el plazo de pago empezó a ser efectivo más tarde de cuando realmente debería”, señalan desde la Plataforma.

Las grandes empresas pagan tarde para 3 de cada 4 encuestados

La PMcM confía también en que en 2025 prosiga la tramitación del nuevo Reglamento Europeo contra la Morosidad, que será de obligado cumplimiento y prevé sancionar a las empresas morosas si exceden del plazo de pago general fijado en 30 días. En lo que se refiere al sector privado, el 56 % de los encuestados asegura que quien más tarde en pagar son las grandes empresas (las que superan los 50 millones de euros de facturación). Si se pregunta por el plazo concreto al que pagan sus clientes, el 33 % de los encuestados señala que les pagan muy por encima de los plazos legales (más de 90 días) y el 41 % coincide en que lo hacen algo por encima del plazo legal (tardando entre 60 y 90 días). Solo el 26 % de las grandes compañías les pagan dentro del plazo legal.

El pago a subcontratistas en 88 días de media

En lo que se refiere al pago a subcontratistas por parte de los contratistas principales, el estudio cifra la media de días en 88. La Plataforma denuncia también el mal control de la cadena de pagos, lo que dificulta que el dinero fluya hasta el último eslabón, los subcontratistas (en su mayoría pymes y autónomos) “permitiendo que algunas grandes compañías se financien a costa de sus proveedores”. Hasta un 61 % de los proveedores tuvo contratos o acuerdos comerciales con clientes (de los sectores público y privado) que les imponían plazos de pago superiores a los permitidos por la Ley 3/2004. Además, cuando sufren impagos o retrasos, el 84 % de ellos nunca exigen intereses de demora y el 92 % no exige también indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago. El 94 % de los consultados afirman que un régimen sancionador resulta “necesario”. Otro dato señala que un 74 % afirma que su expectativa de plazo de cobro durante 2025 no va a variar.