El Gobierno crea el Observatorio Estatal de Morosidad Privada

El Consejo de Ministros aprobó la semana pasada un Real Decreto por el que se modifica la regulación del Consejo Estatal de la Pyme y se crea el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada. Entre las funciones de este último estará la de elaborar, con periodicidad anual, un informe sobre la situación de los plazos de pago que será presentado y aprobado en el propio Consejo Estatal de la Pyme.

La Ley Crea y Crece ya contemplaba la creación de este Observatorio, en el seno del citado Consejo Estatal de la Pyme y establecía también al Ministerio de Industria y Turismo como el encargado de realizar un seguimiento de la evolución de los plazos de pago. Entre las funciones que se destinan al Observatorio de la Morosidad destacan el seguimiento y evaluación sistemática de la evolución de esta lacra, la elaboración del informe anual mencionado antes, la elaboración de códigos de buenas prácticas, la formulación de propuestas de actuación, el seguimiento de las directrices de la Unión Europea en esta materia, la elaboración, resolución y publicación de un listado de empresas incumplidoras, y también la actuación como órgano consultivo y la adopción de sistemas de resolución de conflictos.

Listado de empresas que no cumplen con los plazos de pago

El listado de empresas mencionado se elaborará anualmente, a fecha de referencia 31 de diciembre del año anterior, a partir de la información de pago efectivo completo de facturas proporcionada por la AEAT (facturación electrónica). Dejará de ser accesible a los tres meses de su publicación, y no podrá referirse a personas físicas o empresarios a título individual. En todo caso, las empresas incluidas serán notificadas previamente y podrán presentar alegaciones.

Desde el propio Ministerio de Industria y Turismo se señala “que la norma tendrá un impacto positivo en la economía y especialmente en las pymes, así como en la competencia. El número de empresas afectadas por la norma se estima en 32.500, con un incumplimiento de plazos de pago por parte de unas 23.800”, según datos de 2023, tal y como especifica la nota de Industria, que también añade que “la morosidad es un factor muy pernicioso para la actividad empresarial, especialmente en el caso de las pymes”, y argumenta que estas últimas “tienen que compensar el coste financiero y la incertidumbre generada por estas prácticas, que perjudican sus proyectos, financiación, capacidad de inversión y solvencia”.