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Antoni Cañete, presidente de la PMcM
Antoni Cañete, presidente de la PMcM

El presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, Antoni Cañete, ha denunciado este miércoles en una rueda de prensa telemática ante medios de comunicación especializados y generalistas, que hasta 96 ayuntamientos españoles tardan de media más de un año en pagar sus facturas, de manera que suman ya una deuda de casi 213 millones y multiplican por más de 6 los plazos legales de pago.

 

La PMcM ha realizado un análisis del informe de plazos medios de pago de las Administraciones Públicas elaborado por el Ministerio de Hacienda y, como consecuencia del mismo y de los datos obtenidos, “exige que se implementen de una vez por todas medidas eficaces para atajar la lacra de la morosidad, tanto en el sector privado como en el público”. Además, Cañete recuerda que “está sobre la mesa la posible multa que está estudiando imponernos la Unión Europea”. Precisamente la UE está evaluando la documentación para estudiar si son necesarias sanciones. Así se lo comunicó a la propia Plataforma en una reunión reciente, en la que trataron también en profundidad el problema de la morosidad en España, “coincidiendo en la necesidad urgente de que se tomen medidas contundentes”, se subraya desde la PMcM.

 

Sólo una “declaración responsable” para acceder a los Fondos Next Generation UE

La Plataforma denuncia igualmente que “para alegar que se paga en plazo, sólo sea necesario presentar una declaración responsable” para acceder a los fondos europeos Next Generation UE. De este modo, el sector privado puede acceder a la financiación sin grandes dificultades y la PMcM manifiesta que “hay que imponer que se cumplan unos determinados requisitos y que además se certifiquen, sobre todo para empresas de más de 50 trabajadores”. Cañete también reclama “que se modifique la fórmula de cálculo del plazo medio de pago para que se tengan en cuenta los confirming, que enmascaran la realidad de los plazos de pago”.

Ley Crea y Crece, “una cortina de humo”

De la misma forma, en su comparecencia denunció lo que supone el anteproyecto de la Ley Crea y Crece, cuya revisión la propia Plataforma ya ha enviado al Ministerio de Economía, a los grupos políticos y a la propia Unión Europea. Este iniciativa significa para la PMcM, “una cortina de humo para decir en Europa que han tomado medidas para combatir la morosidad”. Lejos de mejorar con ella la situación para pymes y autónomos, “creemos que empeorarán”, aseguran. En cambio, Cañete se mostró favorable a la implantación en las pymes de la factura electrónica -también contemplada en el anteproyecto- y que “supondrá un gran avance para el control de los periodos de pago en el país”, asegura Cañete.

La Plataforma propone también que el subcontratista tenga la capacidad de impugnar los contratos. En relación con los primeros, Cañete subrayó que “no está funcionando la facturación electrónica de las Administraciones Públicas” y añadió que no se registra la facturación de los citados subcontratistas, de tal manera que “se pierde toda la trazabilidad de los plazos de pago dentro de la Administración Pública”. Cañete añadió la importancia de que los gobiernos obliguen “a que los grandes contratistas paguen a sus proveedores subcontratistas dentro del plazo legal”.

El IBEX paga a 200 días, según la CNMV

Según los datos de la CNMV referidos a 2020, las compañías cotizadas liquidaron sus facturas en un periodo medio de 200 días, más del triple de lo permitido y aumentando 14 días respecto a 2019. Además, tenían en cartera 81.786 millones de euros sobrepasando los 60 días legales. Cañete lamenta que “ya ha pasado un año desde que el Congreso aprobara por unanimidad sacar adelante el régimen sancionador” y añade que “lo único que ha ocurrido han sido las numerosas ampliaciones del plazo de enmiendas, hasta 34, una tras otra”. Y augura un empeoramiento de la situación financiera de las pymes, que ya es delicada. El último análisis de la PMcM concluía que los plazos medios de pago de las empresas del IBEX ascendían a 191 días, más del triple de lo legal, y a 69 días, en el caso de los ayuntamientos, más del doble de lo legal en su caso.