7 de cada 10 proveedores sufren plazos de pago superiores a los fijados por ley

El “Informe sobre Morosidad 2014”, elaborado por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) a partir de más de 800 encuestas entre sus organizaciones asociadas, concluye que el 70% de los proveedores tuvo contratos o acuerdos comerciales con clientes que les imponían plazos de pago superiores a los 60 días que establece la Ley 15/2010. Junto a esta conclusión el informe anual de la Plataforma afirma también que el 85% de ese total de proveedores nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora, pero que casi la totalidad, un 94% se manifiesta a favor de implantar un régimen sancionador con el que multar a las empresas morosas.

En relación con los plazos medio de pago, en el sector privado aumentó un 5% respecto al año anterior, pasando de 85 días a 89, frente a los 60 legales; mientras que en el sector público volvió a mejorar, esta vez en 29 días, reduciéndose un 26%, de 111 días en 2013 a 82 en 2014, aún casi el triple del máximo legal (30 días). En palabras del presidente de la Plataforma, Antoni Cañete, se trata de una “situación que debe acabarse cuanto antes, puesto que la morosidad ha causado ya el cierre de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido desde el inicio de la crisis”. Para Cañete, la mejora en los plazos de pago de las administraciones públicas tiene que ver con el hecho de que “se pusieron en marcha medidas sancionadoras 2009 y 2014, la media en el sector público descendió a casi la mitad (un 47%), y en el privado un 12%.

En la actualidad, una de las principales reivindicaciones de la PMcM se centra en implantar un régimen sancionador, “la única manera de conseguir un mayor cumplimiento del plazo de pago”, según Cañete. “Con este sistema se evitarían muchos de los malos hábitos de pago que existen en nuestro país, acabando con las prácticas abusivas de imponer plazos de pago leoninos”, añade. La propuesta está recogida en el ‘Manifiesto Tolerancia Cero con la Morosidad’ que ha elaborado la PMcM y al que se han adherido recientemente los grupos parlamentarios. También incluye otras reivindicaciones para reducir de forma efectiva esta práctica, como implantar medidas no coercitivas como es la figura del mediador, o también crear un mecanismo que asegure que los contratistas paguen a sus subcontratistas; y desarrollar un Observatorio contra la Morosidad.