La Fundación Renovables valora la reducción de la volatilidad del PVPC, aunque cree que es insuficiente

La Fundación Renovables valora positivamente la reforma del PVPC que aprobó la semana pasada el Consejo de Ministros pero cree que es insuficiente para avanzar en la electrificación de la demanda y en la protección de los consumidores más vulnerables y considera que la electricidad, como bien de primera necesidad, sigue demandando una reforma integral de la tarifa, que debería ser progresiva y responder al pago por uso con un suministro de electricidad 100% renovable.

Desde la Fundación Renovables entienden que “pueda existir un ligero aumento del precio para ganar estabilidad y reducir la volatilidad por introducir una señal precio configurada en torno a productos a largo plazo”, aunque añaden que “la reforma aprobada sigue necesitando mejorar la transparencia y trazabilidad de la señal precio y la correspondencia con los costes debe ser un elemento primordial de la propuesta de la tarifa, entendiendo que la electricidad es el pilar de la transición energética y un recurso básico cuyo acceso debería ser universal”. Por eso considera también que “es necesario mantener la reducción de la carga fiscal y que el superávit del sistema eléctrico de 2022 se destine a rebajar el coste de la parte regulada de los consumidores”.

Los costes regulados mantienen su desequilibro para el consumidor doméstico

La reforma viene precedida por el traspaso continuo de clientes del mercado regulado al libre, 1,25 millones en 2021, por la demonización que la tarifa regulada viene sufriendo estos últimos años. Desde la propia Fundación Renovables echan en falta “varios elementos cruciales que una tarifa regulada de un bien de primera necesidad debería poseer”. Creen que no se acaba con la transferencia de rentas que existe desde el consumidor doméstico a los consumidores con actividad económica a partir de la asignación asimétrica de costes regulados, en concreto señalan que los primeros supusieron un 31 % del consumo en 2022, pero asumieron el 60 % de los citados costes regulados, y que esta situación no varía con el cambio.

Cinco demandas concretas

Creen que estos costes regulados, tanto en la parte fija como en la variable, deben ser ajustados para que la tarifa responda al concepto de pago por uso. Y por ello demandan:

• La aprobación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, con su mecanismo para compartir los costes de la transición energética entre todos los vectores energéticos;
• La reducción de la parte regulada en el apartado de retribución de la distribución y el transporte de electricidad, porque debería fijarse en función del servicio que prestan y no de la rentabilidad de las inversiones;
• La adaptación de la retribución a las renovables y a la cogeneración y el análisis del pago de la deuda ocasionada por el déficit de tarifa;
• Que el superávit de 6.187 millones de euros del sistema eléctrico se destine a reducir la factura eléctrica, cubriendo parte de los costes regulados del sistema a quienes ya los han pagado por anticipado;
• Y, por último, que el PVPC tenga un origen 100 % renovable, en una apuesta real por la transición energética sostenible.

Pago por uso, tarifa social y reducción de la carga fiscal

La Fundación Renovables reclama una tarifa progresiva, en la que se pague en función de la energía eléctrica que se consuma, para fomentar la eficiencia energética y el consumo responsable, y también un mínimo vital energético garantizado, que debería considerarse como una tarifa social, a coste cero, para consumidores vulnerables. Además, apuestan por la reducción de la carga fiscal de la electricidad, y valoran que la electrificación de la demanda es la única base de actuación que nos permite cumplir los compromisos de emisiones, reducir la dependencia e incorporar como objetivos la eficiencia y las energías renovables.