La Fundación Renovables aboga por reducir el precio de la electricidad como base de la política energética

Un informe de la Fundación Renovables propone diferentes líneas de actuación sobre la tarifa y el mercado eléctrico para reducir el precio de la electricidad y que esta responda al “pago por uso”, con transparencia total sobre los costes que la originan. Valoran también que, a efectos impositivos, no puede ser considerada como un bien de lujo, porque entienden la energía como un derecho y, como tal, disminuir su precio supone un paso para garantizar su acceso universal.

En el estudio se señala que desde que empezó a aumentar la penetración de las renovables en el mix eléctrico, es necesaria una reforma y adaptar el modelo marginalista en la fijación del precio del pool, sacando de la oferta las centrales que podrían disponer de un precio cerrado de largo plazo, como ha sido el caso de la reciente subasta de potencia renovable.

Portada del análisis de la Fundación Renovables sobre la tarifa eléctrica y el mercado

Reformar los costes regulados de la tarifa eléctrica

También que es fundamental llevar a cabo una limpieza profunda de la tarifa, reduciendo en ella los costes regulados del sistema, de acuerdo con la propuesta que lleva aparejada la creación del Fondo Nacional para la Seguridad del Sistema Eléctrico (41 % de los costes regulados sobre la base de 2019), pero dejando constancia en la política energética de que tiene margen de mejora: la reducción a dos años del periodo transitorio, la necesidad de introducir los gravámenes por unidades físicas transparentes y comprensibles que no oculten la realidad, la consideración de exenciones, pero con carácter transitorio, parcial y degresivo, la acotación de las compensaciones, el mantenimiento de la iniciativa en el tiempo y su uso como instrumento de mejora de la sostenibilidad energética.

La Fundación Renovables también considera revisables las partidas fijadas para la retribución de las inversiones de la distribución y el transporte de electricidad (38 % de los costes regulados). Consideran que “deberían aplicarse en función del servicio prestado, abriendo la posibilidad a que estas actividades las asuman los contribuyentes y no los consumidores”.

Tarifa social

Igualmente proponen como parte de la política energética “trabajar para reducir la cuota de amortización de la deuda del déficit de tarifa” (un 15 % de los costes regulados) y creen que los costes extra peninsulares (6 % de los costes regulados) deberían sacarse de la tarifa e incluirse en los Presupuestos Generales del Estado. Asimismo, plantean la creación de una tarifa social, que debería asumir los contribuyentes, en lugar de los consumidores de electricidad.

Política fiscal

Sobre política fiscal, valoran la reducción del IVA y la supresión del impuesto de generación del 7 % a aquellas tecnologías no contaminantes, así como corregir la aplicación y destino de la tasa del CO₂, porque es contradictorio que lo que tiene como objetivo gravar las emisiones acabe gravando el precio de la electricidad.