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Consejo de Administración de Feníe Energía

A pesar de la compleja situación que vive el sector energético, Feníe Energía ha cerrado el ejercicio con 39.000 nuevos contratos y la cifra récord de 480.000 clientes. Así lo anunció en su reciente Junta de Accionistas, la primera en formato híbrido, tras dos años en formato virtual debido a causas de la pandemia.

 

La compañía eléctrica de los instaladores aprobó también un reparto de dividendos de 50 euros brutos por acción entre sus más de 3.000 accionistas, la mayoría empresas instaladoras. Si 2020 fue el año marcado por las circunstancias de la pandemia, 2021 ha sido el de la crisis energética y el alza histórica del valor de la energía, pero estos elevados precios del pool y el entorno regulatorio cambiante no le han impedido aumentar su cartera de clientes. Pese a este contexto, la compañía ha logrado cerrar el ejercicio con más de 600 millones de facturación y un resultado neto de 4,8 millones de euros. En palabras de su directora general, Paula Román, “ha sido un año complicado en el que la solidez financiera con la que veníamos de años atrás, junto con la capacidad de irnos adaptando a todos los cambios que hemos afrontado juntos, agentes, clientes y empleados, nos ha permitido seguir avanzando, lograr unos resultados positivos y mantener nuestra diferenciación en el mercado, asesorando a nuestros clientes”.

 

Reivindicaciones urgentes

Feníe Energía, que incorpora también a su Consejo de Administración como nuevos miembros, a Enrique del Valle y Fernando Pomar, cuenta como objetivo en su Plan Estratégico vigente continuar creciendo y avanzando por la senda de la transición energética como pilar fundamental de su modelo. El presidente de la compañía, Jaume Fornés, subrayó que “vamos a seguir trabajando con la misma ilusión y actitud, enfrentándonos a los avatares que puedan presentarse”, y destacó “el modelo diferencial de un trato profesional, cercano y transparente al cliente”. Son los que constituyen “el eje principal de la empresa, clave para seguir con el reto de una transición energética, buscando el ahorro responsable de nuestros clientes”. Para afianzar esa posición, la compañía quiere también recordar reivindicaciones urgentes que eviten “la posición de dominio de las grandes compañías eléctricas”, que ”se está viendo especialmente reforzada en los últimos meses”. En primer lugar, la necesidad urgente de que el Gobierno y el Ministerio de Transición Ecológica activen los compromisos ya tomados para rebajar las garantías para operar que se exigen a las comercializadoras independientes y, sobre todo, que se celebren cuanto antes las subastas de energía de bajo coste comprometida en el RDL 17/2021 y que, nueve meses después de su publicación, siguen en el aire.

Una subasta en las que las grandes productoras eléctricas deberán poner en el mercado libre al menos el 25 % de su energía barata, que ahora reservan exclusivamente para sus propias comercializadoras verticalmente integradas. Al respecto, hay que recordar que el Gobierno se comprometió en septiembre a aprobar un calendario de subastas y a celebrar la primera de ellas antes de final del año 2021. Un mandato del que todavía no hay noticias y que Feníe Energía reclama de forma urgente.

 

“Excepción ibérica”, mejorable

También valoran como “mejorable” la denominada “excepción ibérica”, cuyo resultado inicial definen como “lejos de lo esperado en el que los precios han bajado mucho menos de las estimaciones iniciales”. Auguran también que “la irrupción de la letra pequeña de este mecanismo en un mercado tan complejo va a tener consecuencias negativas muy graves en la libre competencia y va a causar una distorsión de mercado que, castigará a las comercializadoras independientes y reforzará la posición de dominio de las grandes compañías productoras del sector”. Para lograr un funcionamiento más correcto, han trasladado a varios grupos políticos propuestas de mejora, a base de una mayor supervisión y actualización mensual de los consumidores exentos de pagar el ajuste del gas.

Y han insistido también a favor de otras propuestas, como financiar el bono social eléctrico con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, o también que las grandes compañías distribuidoras estén obligadas por ley a una lectura real y habitual de los contadores de la luz cuando la potencia contratada supera los 15kW. Con esta medida, se evitarían retrasos en las facturas emitidas por las comercializadoras independientes, que no tienen acceso a estos contadores. Abogan igualmente por normalizar ya la tarifa regulada del gas para que no se distorsione el mercado a favor de las grandes compañías o se genere un déficit que puede resultar difícil de asumir en el futuro.