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A 4 meses del nuevo reglamento que debe obligar a cambiar la factura de la luz

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A 4 meses de la entrada en vigor del Reglamento de la Comisión Europea que regula la Factura de la luz

Se inicia el último cuatrimestre de 2019 y a su término y con el inicio del nuevo año entrará en vigor el nuevo Reglamento de la Unión Europea 2019/943 (puede descargarlo desde aquí), que ordena el mercado interior de la electricidad, y por lo tanto la factura de la luz, y un poco más tarde la nueva directiva europea sobre el mismo. Para su transposición el plazo se alarga cinco meses, en el caso del primero, y año y medio más para la segunda. Comoquiera que España no ha actuado con celeridad en los casos de otras directivas y la situación política tampoco ayuda con un Gobierno en funciones, no parece fácil que se cumpla dicha transposición en los plazos previstos. No obstante, la Comisión Europea también se ocupa de sancionar a los países que los incumplen y los que caen en retrasos.

Ambos –Directiva y Reglamento- nacen con el objetivo de ajustar la regulación a las nuevas realidades del sector, de tal forma que se incluyan conceptos nuevos como las comunidades ciudadanas de energía o los clientes activos, aquellos que pueden ser productores de la propia electricidad que consumen, pero que también pueden venderla a la red. Pero además, entre los cambios se incluyen otros como que los términos de la factura de la luz sólo deberán obedecer a conceptos vinculados a la oferta y la demanda de energía y su precio. En consonancia con ello, el Gobierno debería suprimir todos aquellos cargos que ahora se incluyen en el recibo en forma de peajes. Además, esta reforma sería un paso en la línea de la reforma del sistema eléctrico que el Gobierno de Pedro Sánchez anunció que llevaría a cabo, pero que finalmente no realizó antes de concluir la legislatura. Su previsión es que sea uno de los asuntos prioritarios en la nueva legislatura, cuya andadura sigue pendiente de la conformación de la mayoría que permita investir al nuevo Ejecutivo.

Actualmente, el propio Gobierno gestiona en torno a 10.600 millones de euros, aquellos relacionados con los cargos por renovables, la deuda y los pagos extrapeninsulares, mientras que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia gestiona otros 7.150 millones que tienen que ver con los costes de acceso a la red. El nuevo Reglamento Europeo aboga también por unas tarifas de acceso transparentes, que estén vinculadas a los costes reales y que propicien el ahorro de los consumidores.

Competencia defiende una opción que permite a los consumidores un mayor grado de actuación sobre sus propios costes, beneficiándose de los contadores digitales y compensando cotes. Entre otros aspectos, lo hace permitiéndole elegir entre dos potencias diferentes durante un mismo día. Además, el precio de la energía también contaría con valores diferentes, hasta seis, durante una misma jornada. Su propuesta modifica los períodos tarifarios, tanto en la parte fija como en la parte variable del recibo.