Juan Antonio Peón
“El uso político del recibo de la luz”
Que el precio de la electricidad dependa de una serie de factores que son difícilmente comprensibles en general por cualquiera de los ciudadanos, e incluso algunos de los propios expertos del sector, no dice nada bueno sobre el mismo y la debida transparencia que debería tener, más bien sólo habla del uso político del mismo.
Si bien es cierto que hace unos años el recibo de la luz no era un tema habitual en las charlas entre amigos o en los bares, de eso hace tanto tiempo que es difícil acordarse y ahora sin embargo lo extraño es no escuchar a alguien quejándose una vez al mes o cada dos meses de lo mucho que paga en su recibo. Y lo peor de todo es que ese alguien no hará nada, únicamente quejarse y luego, cuando pasen unos días, acabará pagando y no volverá a acordarse hasta la próxima factura. Tiene a miles de instaladores preparados para asesorarle y ayudarle a pagar menos en la factura de la electricidad, pero quizás no hemos sabido vender nuestro conocimiento como sector. Resulta llamativo que de cara a los consumidores una persona que responde a un teléfono o que se presenta en la puerta de tu casa arropado por el logotipo de una gran compañía eléctrica, a la postre interesada en que paguemos más, acabe teniendo mejor acogida que un instalador que no tiene intereses comerciales. ¡Sorprendente!
“El uso político del recibo de la luz ha sido constante desde hace mucho tiempo y es algo más grave de lo que parece”
Hace apenas unas semanas estábamos en vilo ante las posibles lluvias que podrían ayudar a que se redujera el precio de la electricidad en el mercado mayorista. Quizá ese ruido de fondo nos impidió escuchar la información por la que Bruselas frenó la denuncia contra el Gobierno de España por su manejo del recibo de la luz, todo como consecuencia de la actuación del Comisario Europeo de Energía, Miguel Arias Cañete, a la sazón ministro del Gobierno hasta 2014.
El uso político del recibo de la luz ha sido constante desde hace mucho tiempo y es algo más grave de lo que parece, un país avanzado con voluntad de pelear en las grandes ligas no puede estar constantemente esperando a una sentencia del Tribunal Supremo que quite la razón al Gobierno de turno y obligue a refacturar el recibo de la luz de millones de consumidores. Todo ello para volver a pagar por algo que ya se pagó hace tres o cuatro años, garantizando a empresas que operan en un mercado regulado mayores ingresos por la distribución eléctrica, y otros aumentos como la lucha contra la Orden IET/2660/2015, que ha afectado al coste de la distribución durante 2017, pero que va a afectar a los precios de distribución durante los próximos 22 años.
Respecto al Bono social, los vaivenes regulatorios sumados a las sentencias judiciales, o en otros casos como las retribuciones por las energías renovables o fotovoltaicas, que han recibido modificaciones y recortes por parte del Gobierno de turno, y muchas más casos en los que gran parte de lo que pagamos se decide en los tribunales, a posteriori y sin posibilidad de ver si es lógico.
Necesitamos un plan energético serio y decidido, con una visión a medio y largo plazo, que proporcione estabilidad y elimine la situación tan convulsa que vive este sector que está constituido por más de 21.000 empresas y emplea a más de 90.000 trabajadores e ingresa una gran cantidad de dinero en las arcas públicas en impuestos y seguros sociales, como para que no se le tenga en cuenta ni se le escuche.
