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Todas las claves del nuevo Real Decreto para impulsar las energías renovables

El Real Decreto-ley que el Consejo de Ministros aprobó ayer con medidas para impulsar la transición energética hacia un sistema eléctrico 100% renovable prevé atraer inversiones por más de 90.000 millones de euros y generar entre 107.000 y 135.000 empleos netos al año durante la próxima década. La norma crea un nuevo sistema de subastas, elimina barreras para el despliegue masivo de fuentes renovables, define nuevos modelos de negocio y fomenta la eficiencia energética, entre otras cuestiones.

En el contexto de la recuperación económica tras la crisis, el Gobierno quiere convertir al ámbito energético y, en particular, al sector renovable en impulsores de ese proceso, a partir de “un marco estable que permitirá a España aprovechar su potencial, en términos de generación de empleo y actividad económica, ligado a una transición energética limpia, justa, fiable y económicamente competitiva. Al tiempo, el marco permitirá reducir la factura de la electricidad dado que las renovables son la fuente de generación más barata”.

La ministra para la transición energétic, Teresa Ribera, explica el Real Decreto-ley
La ministra para la transición energética, Teresa Ribera, explica el Real Decreto-ley tras el consejo de ministros

La norma abarca medidas de muy amplio calado dentro del sector energético. Por ejemplo, se incorporan a la regulación nuevos modelos de negocio como el almacenamiento de energía o la hibridación y se crea la figura del agregador independiente. También se regulan las comunidades de energías renovables, que favorecen la participación de los ciudadanos en la transición energética y se elimina de forma temporal el límite de inversión anual en las redes eléctricas, se amplía el Fondo de Eficiencia Energética hasta 2030 y se declaran de utilidad pública los puntos de recarga ultrarrápida para vehículos eléctricos. Asimismo también se permite hacer uso del superávit de tarifa para cubrir los déficits de tarifa que se espera para este año.

El Real Decreto-ley se divide en cuatro bloques: el primero para la regulación de acceso y conexión y el nuevo mecanismo de subastas; el segundo para el impulso de nuevos modelos de negocio; el tercero para el fomento de la eficiencia energética; y el cuarto y último para las medidas de impulso a la actividad económica y el empleo en respuesta a la crisis.

 

Garantías para los proyectos renovables

La regulación de los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica quiere asegurar que estos derechos estén asociados a proyectos reales y firmes, y evitar los movimientos de carácter especulativo que puedan darse ante la insuficiencia de la regulación vigente.

Todas las claves del nuevo Real Decreto para impulsar las energías renovables
Las renovables serán las tecnologías predominantes conforme al Real Decreto-Ley propuesto

La gran abundancia de solicitudes, muchas de ellas con sospecha de ser especulativas, obstaculiza y encarece la puesta en marcha de los proyectos solventes. Los objetivos para la próxima década planificados en el Plan Integrado Nacional de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, suponen 60.000 MW de nueva potencia, que supondrá inversión y empleo, por eso el Ejecutivo considera urgente ordenar los permisos atendiendo a su viabilidad y solidez. El objetivo final es que el 74 % de la electricidad en España sea renovable en 2030 y alcanzar el 100 % antes de 2050.

A tal fin, el Real Decreto-ley establece una serie de hitos administrativos sucesivos, con plazos temporales en función del momento en el que fue otorgado. Los titulares deben ir acreditando su cumplimiento en los tiempos fijados. De lo contrario, los permisos caducarán de forma automática. Además, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la norma, tanto los titulares como los solicitantes de estas autorizaciones podrán renunciar a ellas, procediéndose a la devolución de las garantías.

 

Nuevo sistema de subastas

Pretende ofrecer previsibilidad y estabilidad de ingresos y financiación a los inversores y que se trasladen los ahorros asociados a la incorporación de renovables al sistema eléctrico de forma directa a los consumidores. En el nuevo marco, la variable sobre la que se pujará será el precio de la energía. Los procedimientos deberán estar orientados a la eficiencia de los costes y podrán distinguir entre distintas tecnologías de generación en función de sus características técnicas, tamaño, niveles de gestionabilidad, criterios de localización y madurez tecnológica, entre otros. También podrán tener en cuenta las particularidades de las comunidades de energías renovables para que éstas puedan competir por el acceso al marco retributivo en nivel de igualdad con otros participantes, todo ello de acuerdo con la normativa comunitaria.  Además, para favorecer instalaciones de pequeña magnitud y proyectos piloto innovadores, la norma permite, de acuerdo con la Directiva Europea de Energías Renovables,  que se les exima de acudir a la subasta para poder recibir la retribución.

Todas las claves del nuevo Real Decreto para impulsar las energías renovables
La propuesta de simplificación de los trámites administrativos es uno de los pilares del Real Decreto-Ley de transición

Simplificación y agilización de trámites

El Real Decreto-ley simplifica y agiliza la tramitación de los proyectos renovables y la infraestructura eléctrica asociada, eliminando así barreras para su puesta en marcha. Entre otros, se regulan los casos en los que el promotor no necesitará renovar determinadas autorizaciones si modifica el proyecto de forma no sustancial y se simplifica el procedimiento de autorización de las instalaciones móviles que se conectan a la red de transporte y distribución. Esta batería de medidas, unida a la ordenación del acceso y conexión y el nuevo marco de subastas, permitirá impulsar la inversión en nuevas instalaciones, generando actividad económica y empleo en la cadena de valor industrial asociada al sector renovable.

Nuevos modelos de negocio

Se incorporan nuevos modelos de negocio que serán claves en la transición energética, como el almacenamiento energético, que permitirá gestionar y optimizar la energía generada en las nuevas plantas renovables; también la hibridación, que hace posible combinar diversas tecnologías en una misma instalación. Así se optimizan las redes eléctricas ya existentes y se minimizan los impactos ambientales.

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El desarrollo de nuevos modelos de negocios es básico para que la propuesta legislativa permita una transición energética a España

También se incorpora la figura del agregador independiente, que se basa en combinar la demanda de varios consumidores de electricidad o la de varios generadores para su participación en distintos segmentos del mercado e introducirá mayor dinamismo en el mercado eléctrico. Además, para favorecer la participación de la ciudadanía en la transición ecológica, quedan reguladas las comunidades de energía renovables. Por último, el Gobierno podrá regular un procedimiento especial de autorización de instalaciones cuyo objeto principal sea la I+D+i,  en ámbitos como el almacenamiento, las energías marinas o la gestión de las redes, entre otros.

 

Los puntos de recarga de alta capacidad, utilidad pública 

Para facilitar la expansión del vehículo eléctrico, se otorga la declaración de utilidad pública a las infraestructuras eléctricas asociadas a los puntos de recarga de alta capacidad (con potencia superior a 250 kW), fundamentales para permitir que se abran estaciones de recarga ultra-rápida en carreteras, autovías y autopistas.

Asimismo, la norma extiende la vigencia del Fondo Nacional de Eficiencia Energética hasta 2030 y mejora del procedimiento de cálculo de las obligaciones. Este fondo, que nutren las comercializadoras energéticas, ha permitido movilizar más de 1.000 millones de euros en ayudas en los últimos cinco años para invertir en medidas de ahorro de energía. En todo caso, las comercializadoras pymes podrán retrasar el pago de las obligaciones con el fondo de 2020, favoreciendo la recuperación de su liquidez.

 

Liquidez del sistema

Para paliar los efectos de la crisis y asegurar la liquidez del sistema eléctrico en el corto plazo, se habilita el uso del superávit de ingresos para cubrir los eventuales desajustes y desviaciones entre ingresos y costes del sistema de 2019 y 2020. La medida quiere facilitar liquidez a las más de 300 pequeñas distribuidoras que operan en el país, así como las más de 60.000 instalaciones de renovables, cogeneración y residuos, y que puedan percibir una parte significativa de la retribución correspondiente al ejercicio 2019.

Además, el Real Decreto-ley ajusta excepcionalmente los porcentajes de Producto Interior Bruto (PIB) por los que se rigen la inversión máxima que se dedica a redes de transporte y distribución en el trienio 2020-2022. De esta manera, se podrá mantener el ritmo inversor previsto originalmente, antes de la crisis del COVID-19, y acometer las actuaciones necesarias para la integración de la nueva generación renovable.

Todas las claves del nuevo Real Decreto para impulsar las energías renovables