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La Fundación Renovables propone un Contrato Social de la Energía

La Fundación Renovables ha presentado recientemente el informe “El Contrato Social de la Energía: Electrificar para democratizar”, y en él propone una serie de medidas para hacer viable el cambio de modelo energético. En el estudio se engloban sus ideas, propuestas y análisis de los últimos años, basadas como punto de partida esencial en la consideración de la energía como un bien básico de primera necesidad, cuyo acceso debe ser garantizado como servicio público.

El informe reivindica que el precio de la electricidad responda al pago por uso y no por inversiones y que el sistema integre no solo a las renovables, sino sobre todo al consumidor. Constata también que el sector tradicional no podrá nunca protagonizar un cambio radical que va contra sus propios intereses. Además afirma que sólo la electrificación del sistema energético permitirá su democratización para otorgar un papel central a la ciudadanía, así como que electrificar la demanda es la única forma de mejorar la calidad del aire y de introducir la eficiencia y las renovables. Esa electrificación de la demanda exige rediseñar por completo el sistema eléctrico de nuestro país, evolucionando e innovando, de manera disruptiva, gracias a la tecnología ya disponible hasta alcanzar un nuevo sistema descentralizado y multidireccional, en el que la ciudadanía tenga capacidad de decisión tanto para comprar como para generar electricidad.

El informe se estructura en tres partes. En la primera, titulada “Razones para el cambio”, se repasan los motivos que justifican la necesidad de actuar para cambiar el sistema eléctrico, como el no acceso universal a la energía y la persistencia de la pobreza energética; la absoluta falta de transparencia en la fijación de precios y la flagrante asimetría en la asignación de los costes de un sistema que es opaco y nada democrático; el grave problema reputacional que tienen las empresas del sector; el control de la propiedad de las infraestructuras por parte de unas pocas manos; la perversa conversión de ciertos trámites administrativos en verdaderos bienes especulativos; la inexistencia de grados de libertad de los consumidores; la carencia de una política fiscal activa y finalista y la ineludible obligación de erradicar los combustibles fósiles y culminar a tiempo la transición energética, por razones de emergencia ambiental y en consecuencia social.

En la segunda parte, “Las palancas del cambio”, el informe aborda los instrumentos o mecanismos que permiten sustituir ya el paradigma actual por otro. Los nuevos escenarios tecnológicos (internet de las cosas, blockchain, etc.) con capacidad para provocar el cambio de modelo de abajo a arriba, junto a factores como que la preocupación de la sociedad cada vez es más determinante en la asunción de compromisos políticos frente a la presión real y efectiva de los lobbies empresariales. También que la generación de electricidad a partir de fuentes renovables de energía es, hoy día, más barata que el uso de combustibles fósiles. El autoconsumo, por su parte, supone un inigualable instrumento para el cambio, al abrir la puerta a una nueva forma de relacionarnos socialmente con la energía, convirtiendo al conjunto de la ciudadanía en gestora de su propia energía y afianzando nuevos comportamientos y responsabilidades. Finalmente, el almacenamiento de electricidad en baterías será clave tanto para la electrificación de la demanda como, sobre todo, para la gestionabilidad del sistema y la reducción de inversiones de generación con baja utilización.

En la tercera parte, titulada “Los caminos del cambio”, el informe de la Fundación Renovables repasa aquellas actuaciones que debemos llevar a cabo para culminar con éxito la transformación del sistema energético. Entre ellas: el diseño de una tarifa eléctrica transparente y con una señal precio real; la digitalización del propio sistema eléctrico; la consolidación de la figura del agregador de demanda; la corresponsabilidad en el cumplimiento de compromisos de cobertura de la demanda con renovables; el cambio de modelo en la propiedad y gestión de las infraestructuras; la reforma fiscal, que genere una política fiscal activa y finalista y la articulación de un nuevo modelo eléctrico en el que la electricidad esté considerada como un bien de primera necesidad y como un servicio público.

Como vehículo para lograr todo ello, la Fundación Renovables propone “El Contrato Social de la Energía”, que define la energía como un servicio público y un bien de utilidad pública cuyo acceso universal debe quedar garantizado, al menos, en su formato eléctrico a partir de fuentes renovables. El paso siguiente ha de ser alcanzar un Pacto de Estado de la Energía con el mayor consenso posible. Entre las propuestas de actuaciones legislativas para desarrollar el referido Contrato Social, el informe destaca la Ley de cambio climático, la Ley de Reforma del Sector Eléctrico, una reforma fiscal que garantice la justicia social e intergeneracional y la reforma de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, asumiendo que el compromiso nace desde la necesaria actuación urbana.