Cataluña regula el almacenamiento en baterías para incentivarlo y contribuir al despliegue renovable

El Gobierno de Cataluña ha aprobado este pasado martes un decreto ley que servirá para regular e incentivar el almacenamiento de energía en baterías como un activo de la transición energética y también para reducir los trámites burocráticos que tienen que ver con las energías renovables y ayudar a su despliegue.

La nueva norma de la Generalitat de Cataluña se aprueba en un momento en el que las baterías han redoblado su protagonismo tras el apagón del 28 de abril, y en ella se destaca que con ellas se logra minimizar los efectos de un blackout, así como reducir sus riesgos. Pero desde la Administración catalana destacan también que su aplicación inmediata permitirá la tramitación efectiva del casi centenar de expedientes aún no resueltos, con los que se pretende dotar de un sistema de almacenamiento al sistema eléctrico en la comunidad de casi 1 GW, a través del que se quiere lograr darle robustez y flexibilidad.

Además, el decreto contempla que las instalaciones de generación renovables, tanto parques solares como éolicos, así como sus líneas de conexión a red y las instalaciones de almacenamiento reciban la consideración de interés público superior, lo que ayudará a su tramitación administrativa gracias también a que pondrá un límite a las trabas jurídicas. Este reconocimiento sigue el dictado de la Unión Europea para acelerar el despliegue de energías renovables y la Directiva europea sobre fuentes de energía renovables en el contexto presente de emergencia climática, y tiene en cuenta la contribución que realizan a la salud y la seguridad públicas, dado el papel clave que desempeñan en la reducción de emisiones de gases contaminantes en el sistema energético.

87 proyectos de baterías independientes y 7 proyectos híbridos, todos en tramitación

Del total de 94 proyectos de almacenamiento en tramitación en Cataluña, 87 pertenecen a sistemas de baterías independientes y 7 son proyectos híbridos que incluyen instalaciones renovables. Mientras los primeros reúnen entre todos 920 MW de potencia, los segundos añaden 22 MW más. El nuevo decreto permitirá que tanto las empresas que desarrollen los proyectos, como los ciudadanos en general y las propias entidades locales tengan una norma para saber cómo tramitarlas y acelerar su implantación.

Desde la patronal fotovoltaica, Unef, reconocen “la contribución del decreto para abandonar el largo periodo de inacción y progresar por fin en el despliegue de las energías renovables”, pero puntualizan también que “para ello será preciso adoptar más medidas que permitan un trámite ágil y garantista con una acción coordinada de todos los diferentes organismos de la administración trabajando en una misma dirección”. Asimismo, se muestran esperanzados en que la “apuesta pionera” de la Generalitat de Cataluña “sea ejemplo para que otras comunidades autónomas comiencen a desbloquear las barreras administrativas existentes actualmente para su desarrollo”, concluyen.