Eficiencia Energética
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada por el Congreso
El Congreso de los Diputados aprobó la pasada semana la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que ahora pasa al Senado, para continuar con el trámite parlamentario. El texto establece los objetivos para alcanzar la plena descarbonización de la economía en antes del año 2050 con un sistema eléctrico 100 % renovable.
La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, celebró la aprobación de la que definió como “una ley de clima enormemente ambiciosa”. La Ley se aprobó con el único rechazo de Vox, aunque también con las abstenciones del Partido Popular y Más País Verdes Equo, en la votación final. Estos últimos porque valoran el texto como “falto de ambición y que “defiende los intereses de los lobbies de las empresas”.
Ribera recordó que entre los objetivos cuantificados en la ley sobre reducción de gases de efecto invernadero, renovables y eficiencia energética, los valores “se sitúan por encima de aquellos objetivos asignados por la Unión Europea a España”. El proyecto está en consonancia con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que recoge las medias y herramientas necesarias para poner en marcha la transición ecológica.
Objetivos más ambiciosos que los de Europa
En lo que respecta a la citada reducción de emisiones, la Ley se compromete a alcanzar un porcentaje del 39 %, 13 puntos por encima de la meta de reducción fijada por Europa, que es del 26 %. Con respecto a la penetración de renovables, mientras la Unión Europea la sitúa entre un 38 % y un 40% en el consumo final de energía para 2030, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima establece para España un 42 %. Por último, en lo que se refiere a la eficiencia energética, Europa considera necesario un aumento de entre el 36 y el 37 % para 2030, mientras que el objetivo español se sitúa en el 39,5 %.
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética establece también otros condicionantes destacables en materia de movilidad sostenible, como la prohibición de vender turismos y vehículos de combustión no destinados a usos comerciales a partir de 2040 o la necesidad de adoptar planes de movilidad urbana sostenible para los municipios de más de 50.000 habitantes en los próximos dos años, como plazo máximo.
