Adime se hace eco del endurecimiento de la normativa europea sobre eficiencia energética en los edificios

La Asociación de Distribuidores de Material Eléctrico de España ha puesto el énfasis recientemente en el endurecimiento de la normativa europea sobre eficiencia energética en los edificios y señala que “representa uno de los mayores cambios regulatorios para el sector de la edificación en décadas”. Y los condensa en la “batería de actos delegados que emanan de la nueva Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios (EPBD), en vigor desde mayo de 2024”.

Las nuevas medidas no suponen nuevas exigencias, “pero sí convierten los principios recogidos en la directiva en instrumentos jurídicos detallados, con metodologías comunes, plantillas armonizadas y mecanismos de cumplimiento que todos los Estados miembros deberán aplicar antes de mayo de 2026”. De este modo, nuestro país se verá obligado a revisar de manera urgente su legislación técnica, fiscal y administrativa sobre sus edificaciones, porque la nueva regulación obliga a definir y aplicar estándares mínimos de eficiencia energética para los edificios no residenciales, establecer trayectorias vinculantes de renovación del parque residencial, reformar el sistema nacional de certificación energética, y adaptar las bases de datos estatales para que puedan integrarse en el Observatorio Europeo del Parque Inmobiliario.

Guía Técnica de la Comisión Europea

En la comunicación de Adime se señala que “la Comisión ha publicado una guía técnica que establece en cinco pasos cómo deben diseñarse las normas mínimas de eficiencia (MEPS) para edificios no residenciales, incluyendo umbrales obligatorios: en 2030 ningún edificio podrá situarse entre el 16 % más ineficiente del país, y en 2033 se ampliará al 26 %. España deberá identificar estos edificios, diseñar un sistema de seguimiento y definir sanciones en caso de incumplimiento. Esta medida exigirá la adaptación del Código Técnico de la Edificación (CTE) y de las políticas autonómicas de rehabilitación”.

Otro cambio relevante consiste en la aprobación de una nueva metodología para calcular los niveles coste-óptimos de eficiencia energética. Frente al marco anterior de 2012, que sólo consideraba costes energéticos directos, el nuevo reglamento incluye el potencial de calentamiento global (GWP), los costes de emisiones de CO2 y las externalidades sanitarias y medioambientales. Si las exigencias nacionales quedan por debajo de este nivel óptimo en más de un 15 %, el Estado estará obligado a corregirlas en un plazo de 24 meses.

La Comisión Europea exige además que todos los países revisen sus esquemas nacionales de certificación energética (EPC) para alinearlos con los artículos 19 a 21 de la Directiva. Esto implica no solo cambios en las escalas o formatos, sino también en la forma de medición (con datos medidos o calculados) y en la integración de estos datos en sistemas interoperables. España tendrá que reformar su registro nacional de certificados y asegurar que estos cumplen con los nuevos formatos comunes para su envío al observatorio europeo.

Desde 2027 España deberá enviar información anual a Europa sobre el Parque Edificado

Por primera vez, se fija el formato obligatorio para la base de datos nacional sobre eficiencia energética de edificios, así como el calendario de entrega de datos al Observatorio del Parque Edificado de la UE (BSO). A partir de marzo de 2027, España deberá transferir cada año la información agregada sobre consumo energético, superficie útil, certificados emitidos, inspecciones de sistemas, y otras variables. Los datos deberán estar anonimizados y armonizados. La Comisión Europea también refuerza la orientación de la directiva hacia la descarbonización total. Se exigirá la eliminación progresiva de incentivos públicos a calderas de gas y gasóleo, salvo que estén combinadas con tecnologías renovables. El Programa de Rehabilitación Energética de Edificios o las deducciones fiscales a la rehabilitación deberán adaptarse a este nuevo enfoque. La transposición de este conjunto de directrices debe hacerse antes del 29 de mayo de 2026 y, como inicio, el Gobierno ya ha lanzado una consulta lanzada tanto a través del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana como por el de Transición Ecológica y Reto Demográfico.