La Asociaci\u00f3n Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad El\u00e9ctrica ha iniciado un expediente ante la Secretar\u00eda para la Unidad de Mercado, en relaci\u00f3n con la barrera al libre mercado que supone la negativa de admisi\u00f3n por parte de un centenar de ayuntamientos, de la Declaraci\u00f3n Responsable que establece el RDL 29\/2021 de medidas urgentes en el \u00e1mbito energ\u00e9tico para el fomento de la movilidad el\u00e9ctrica, a fin de facilitar el despliegue de infraestructuras p\u00fablicas a los operadores de recarga que, sin embargo, se est\u00e1n encontrando con esta otra barrera.<\/p>\n
La patronal de la movilidad el\u00e9ctrica inicia este tr\u00e1mite para evitar actuaciones concretas de denuncia por parte de los operadores de recarga ante diversos ayuntamientos, y lo hace amparada por lo establecido en el art\u00edculo 28 de la Ley 20\/2013, de 9 de diciembre, de garant\u00eda de la unidad de mercado, en el que se habilita a las asociaciones empresariales para iniciar un expediente ante la Secretar\u00eda para la Unidad de Mercado ante un problema del sector, extendido en todo el territorio nacional.<\/p>\n
Para ilustrar un n\u00famero de casos representativos, a modo de ejemplo, desde Aedive se ha recabado informaci\u00f3n a los operadores de recarga respecto a ayuntamientos que no aceptan la Declaraci\u00f3n Responsable establecida en el RDL para instalar infraestructura de recarga p\u00fablica. A partir de ah\u00ed, han constatado que hay m\u00e1s 90 casos de ayuntamientos que no admiten dicho tr\u00e1mite y solicitan la tramitaci\u00f3n de este permiso como una Licencia de Obras, anulando una de las ventajas que el RDL 29\/2021 ofrece a los operadores de recarga para acelerar el despliegue de puntos de recarga p\u00fablico y solventar las barreras administrativas.<\/p>\n
Catalu\u00f1a, a la cabeza en n\u00famero de casos<\/p>\n
Estos municipios est\u00e1n ubicados a trav\u00e9s de toda la geograf\u00eda espa\u00f1ola, aunque en Catalu\u00f1a es donde m\u00e1s casos se registran, con 24, por 9 de Arag\u00f3n, y 8 en Andaluc\u00eda, Madrid y Valencia; mientras en Castilla y Le\u00f3n la cifra se eleva a 7. El resto se reparten entre Pa\u00eds Vasco, Cantabria, Asturias, Castilla La Mancha, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Canarias y La Rioja.<\/p>\n
\u201cLo m\u00e1s sangrante es que entre los ayuntamientos que no admiten la Declaraci\u00f3n Responsable, se encuentran varias ciudades de m\u00e1s de 50.000 habitantes, que son plenamente conscientes de la existencia de esa obligaci\u00f3n pero que la desoyen, mientras que en otros casos, el consistorio no tiene contemplado dicho tr\u00e1mite en su sede electr\u00f3nica\u201d, concluye el director general de Aedive, Arturo P\u00e9rez de Lucia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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