Medidas del Gobierno para reforzar la supervisión del sistema eléctrico e impulsar la electrificación y las renovables

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley para reforzar la supervisión y resiliencia del sector eléctrico, que incluye medidas para el control del cumplimiento de las obligaciones de los distintos agentes, la inclusión de nuevas herramientas para reforzar el sistema, además de medidas para impulsar la electrificación, el almacenamiento y la flexibilidad. En el primero de los aspectos, se trata de cuestiones que forman parte de las recomendaciones extraídas del trabajo del Comité para el análisis de las circunstancias que desembocaron en el cero eléctrico del pasado 28 de abril.

Según la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, “el sistema eléctrico español tenía todo lo necesario para funcionar correctamente”, aunque añade que “hemos hecho un ejercicio de análisis que nos permite avanzar en medidas que nos protegerán de mejor manera, medidas de anticipación”.

Refuerzo de la supervisión y control

Con el objetivo de reforzar la gestión técnica del sistema eléctrico, se potencian las funciones de supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que tendrá seis meses para evaluar las obligaciones de control de tensión de los agentes del sistema eléctrico obligados a prestar el servicio, y elaborar el informe correspondiente, que actualizará cada tres meses. Además, también completará un plan de inspección extraordinario de las capacidades de reposición, con mayor atención a las instalaciones con arranque autónomo y las redes de distribución, que se repetirá cada tres años.

Encargo a Red Eléctrica

Del mismo modo, entre las medidas que se incorporan, se encarga al Operador del Sistema –Red Eléctrica– que elabore propuestas de modificaciones normativas sobre las respuestas frente a las oscilaciones de potencia, sobre la velocidad de variación de tensiones, sobre la programación de las restricciones técnicas y sobre otros elementos técnicos que contribuyen a fortalecer la seguridad del sistema. De igual modo, se le encomienda el desarrollo de un nuevo procedimiento de operación para coordinar los planes de desarrollo de la red de transporte y de la red de distribución y una propuesta de requisitos mínimos de monitorización para análisis de incidentes. Estas propuestas técnicas deberán estar listas en plazos de tres a 15 meses. Las reformas normativas subsiguientes deben estar aprobadas en menos de seis meses.

Además, incorporará a sus funciones la de servir como punto de acceso único a los datos de los clientes finales para mejorar el funcionamiento de los mercados de electricidad. Hasta ahora, esta información, procedente de 30 millones de contadores inteligentes, se encuentra repartida por más de 300 compañías distribuidoras.

Fomento de la electrificación

Para profundizar en el proceso de electrificación de la economía y agilizar la adaptación de la infraestructura eléctrica a las necesidades del tejido productivo, cada tres años se revisará la planificación de la red de transporte en vigor y se aprobarán modificaciones de aspectos puntuales cada dos años.

De manera excepcional, para anticipar futuras necesidades de regulación de tensión y amortiguamiento de oscilaciones, entre otras variables eléctricas, se modificará con tramitación acelerada la vigente Planificación con horizonte 2026 para incluir compensadores síncronos, reactancias y otros elementos que presten servicios adicionales, lo que, a la par, reducirá el coste de las restricciones técnicas.

Para facilitar la conexión a las redes eléctricas de nuevas actividades económicas, industriales principalmente, se revisa la normativa de acceso y conexión de la demanda, fijando en cinco años el plazo de caducidad de los derechos de acceso. Igualmente, se acortan los plazos para que las empresas eléctricas atiendan nuevos suministros y se adoptan disposiciones para agilizar la conexión de nuevos accesos para demanda, principalmente industrial, dentro de ese impulso a la electrificación.

Puntos de recarga de vehículos eléctricos y autoconsumo

Las facilidades de conexión alcanzan igualmente a las acometidas de los puntos de recarga para vehículos eléctricos, que quedan exentas de autorización, siempre que no sea necesaria una evaluación de impacto ambiental ni una declaración de utilidad pública. Y para fomentar también el autoconsumo, la distancia máxima entre la generación y el consumo aumenta a 5 kilómetros para instalaciones menores de 5 MW, se flexibilizan las tipologías, y se introduce la figura del gestor de autoconsumo, que podrá ejercer como representante de los partícipes y facilitar así las gestiones necesarias. Se favorece la electrificación de la climatización en las comunidades de vecinos y se habilita a los ayuntamientos la aplicación de deducciones del 50 % en el Impuesto de Bienes Inmuebles y del 95 % en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), tal como ya sucede con el autoconsumo.

En otro sentido y entre las medidas que se también plantean, el decreto incorpora la exención del 80 % de los peajes eléctricos a la industria electrointensiva con carácter retroactivo desde el pasado 23 de enero.

La tramitación de los proyectos de renovables también se modifica, para facilitar su ejecución, evitar costes derivados de la fuerte competencia internacional y optimizar la calidad de las instalaciones. Y se fomenta la renovación de instalaciones de generación –su repotenciación–, reduciendo los plazos administrativos a la mitad, siempre que la potencia resultante sea inferior al 125 % de la original.

Medidas de impulso al almacenamiento

Además, se da un impulso muy relevante al almacenamiento, tanto mediante la hibridación en instalaciones de generación como con su incorporación al sistema eléctrico en general. Se agiliza la tramitación administrativa de los expedientes, especialmente en el ámbito de proyectos que sean competencia de la Administración General de Estado, con una reducción de los plazos a la mitad.

Finalmente, se modifica la Ley 24/2013 del sector eléctrico para incorporar nuevas herramientas de flexibilidad, entre las que destaca la figura del agregador independiente, que combinará múltiples consumos y la electricidad generada por consumidores, productores o instalaciones de almacenamiento para su venta o compra en los mercados de electricidad y la prestación de servicios al sistema. Con el desarrollo de estas disposiciones, los consumidores podrán contratar los servicios de un agregador para que gestione su demanda y obtener un ahorro en la factura o algún otro tipo de contraprestación.