Los «test de estrés» para las comercializadoras y otras claves de la reforma del mercado eléctrico

Desde el pasado 16 de julio está en vigor el Reglamento (UE) 2024/1747 del Parlamento Europeo y del Consejo, que modifica las normas precedentes para una mejor configuración del mercado de la electricidad en la Unión Europea. Su aprobación está directamente con la crisis energética que llevó a un encarecimiento desorbitado de los precios, también por la incertidumbre vinculada al suministro de materias primas necesarias para las instalaciones de generación de electricidad y que se vio comprometida por la invasión rusa de Ucrania.  

El principal objetivo de la medida se centraba en reducir el impacto de los precios elevados además de también, a largo plazo, facilitar la consecución de un mercado más estable en precios, con una electricidad que sea competitiva y asequible para clientes domésticos e igualmente para clientes industriales. Uno de los medios para lograrlo consiste en desvincular los precios de la electricidad de los de los combustibles fósiles y propiciar una mejor integración de las energías renovables en el mercado, a través de la mejora del acceso a la red, el refuerzo de la coordinación y el intercambio de información entre gestores de las redes de transporte, entre otras iniciativas. Además, para facilitar precios estables a largo plazo para las empresas se fomentan los Contratos de Compraventa de Electricidad (CCE o PPA) y se promueven inversiones financieras en instalaciones de generación eléctrica no contaminantes, con sistemas de apoyo directo a través de contratos bidireccionales por diferencia. Otros aspectos destacables de la reforma tienen que ver con la adaptación de los mercados intradiarios a la participación de las tecnologías renovables o el incremento de velocidad para la implantación de las infraestructuras de energías renovables.

«Test de estrés» para evaluar la resistencia financiera de las comercializadoras

La reforma del mercado eléctrico también supone el incremento de las garantías con respecto a las comercializadoras de electricidad, de cara a la protección de los consumidores. Esto implica que, desde comienzos del año próximo, las compañías podrán verse sometidas a lo que se conoce como los “test de estrés”, con pruebas que sirvan para evaluar su resistencia financiera, como ya ocurre desde hace tiempo en el sector bancario. El fin último es garantizar que cuentan con un sólido riesgo de cobertura para prever las fluctuaciones del mercado en un entorno complejo y sensible que ya ha visto recientemente, con la ya citada crisis energética, como la volatilidad de los precios se llevaba por delante a cerca de un centenar de comercializadoras independientes. No en vano, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia cuantificó en más de 130 millones de euros, la cifra que ha supuesto a los consumidores esos cierres de actividad.

Para protegerlos, se han endurecido las condiciones para ser comercializador de energía y la propia Competencia ha constatado cómo muchas empresas han cesado en la comercialización por no poder cumplir esos requisitos. La CNCM sugiere que se adopte una mayor exigencia de garantías financieras por parte de estas empresas comercializadoras, también que comuniquen de forma transparente sus variaciones en los precios, que no puedan modificar las condiciones económicas de los contratos antes de que estos venzan, o que dispongan de un mecanismo ágil de traspaso de consumidores, en caso de impagos de las propias comercializadoras.