El rechazo parlamentario al Decreto Ley antiapagón frustra las esperanzas del sector eléctrico

El Congreso de los Diputados evidenció ayer la situación de minoría y la falta de apoyos del Gobierno y quien lo sufrió fue el decreto ley previsto por el Ejecutivo para reforzar el sistema eléctrico tras el cero energético del pasado 28 de abril, que sufrió un contundente rechazo con 183 votos en contra y 165 a favor. 

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica,  se incluyen Sara Aagesen, apeló a la “responsabilidad y altura de miras” de los grupos parlamentarios para validar una norma en las queampliamente las reformas que sugirieron en su informe los expertos a los que el propio Gobierno encargó estudiar las causas del apagón energético. El decreto ley suponía un impulso a las renovables en un momento en el que han sido puestas en entredicho, pero la votación ha contado con los votos en contra del Partido Popular y Vox, pero también de otros grupos parlamentarios como Junts, Podemos o los diputados unitarios de Unión del Pueblo Navarro, el Bloque Nacionalista Galego o la Xunta Aragonesista.

Ante algunas de las críticas de estos grupos, que acusaban al Gobierno de ocultar las responsabilidades de las grandes compañías eléctricas, o también de llevar a cabo un modelo de transición energética al servicio del oligopolio, en el que las eléctricas deciden libremente dónde ubicar nuevas instalaciones renovables o hidroeléctricas, la vicepresidenta opuso razones como que han sido las propias eléctricas las que han llevado a los juzgados al Gobierno, o que el Real Decreto contaba con el apoyo de las patronales renovables o también de entidades ecologistas.

Las asociaciones renovables lamentan amargamente el rechazo

Precisamente, las asociaciones más representativas del sector renovable se mostraron claramente a favor de la norma y, tras el rechazo, APPA Renovables emitió un comunicado en el que señalaba que “la no convalidación aumentará los desequilibrios en el sistema eléctrico”, y añade que “se provoca un embudo en la integración de renovables en la red”, o también que “se pierde una oportunidad para fomentar el autoconsumo colectivo y la flexibilidad del sistema”, así como que “las inversiones en almacenamiento, autoconsumo y redes eléctricas quedan en el limbo”. Desde APPA Renovables consideran “especialmente grave es la no adecuación de los hitos a la realidad del desarrollo de la demanda, así como la falta de impulso al almacenamiento y las renovables térmicas”. En su valoración argumentan también que “sin la modificación del quinto hito y de los plazos asociados, numerosos proyectos quedarán bloqueados por trámites que no responden a la realidad del desarrollo tecnológico ni administrativo. Muchos de estos proyectos se ven paralizados por medidas cautelares, utilizadas por grupos de presión contrarios a las renovables, y el Real Decreto-ley 7/2025 paralizaba los plazos administrativos en estos supuestos”.

Entre los lamentos señalan igualmente sobre situaciones que se han vivido en los últimos años como los precios del mercado mayorista muy bajos o incluso negativos en horas centrales del día y con fuertes incrementos al anochecer, “este efecto se multiplicará en los próximos años”. También alertan sobre que “no podrán ponerse en marcha figuras como el gestor de autoconsumo ni avanzar hacia un modelo energético participativo, la falta de cambios regulatorios seguirá limitando el desarrollo del autoconsumo colectivo en España” y que “el impulso al almacenamiento queda en suspenso, lo que dificulta una gestión eficiente y flexible del sistema, e impide una mejor integración de renovables más dependientes del recurso como eólica y fotovoltaica”, y concluyen que es “una oportunidad perdida para el liderazgo renovable”.

Por su parte desde Unef, Unión Española Fotovoltaica, junto a otras asociaciones, se había apelado con una carta a todos los grupos parlamentarios al “apoyo a la convalidación de una norma que persigue objetivos técnicos y estratégicos esenciales para la seguridad energética y la competitividad empresarial española y que acelera la transición ecológica de forma justa, democratizando el acceso a la energía renovable con medidas que priorizan el desarrollo distribuido y el autoconsumo”, y la consideraban también “un paso decisivo para reforzar la seguridad del suministro eléctrico y consolidar la posición de nuestras empresas en un momento clave para la transición energética”.

También la Fundación Renovables ha emitido un comunicado en el que “lamenta que el tacticismo político de los partidos haya impedido la aprobación de la reforma del sistema eléctrico” y subrayan que “el rechazo de la reforma no tiene base técnica ni ideológica”. Sobre la propia reglamentación no validada señala que “el Real Decreto, sin ser perfecto, incluía medidas imprescindibles como la ampliación de 2 a 5 kilómetros del radio para compartir energía de autoconsumo”, y concluye que “era esencial para potenciar el despliegue de almacenamiento y fortalecer el autoconsumo compartido”.

Fenie, la patronal de las empresas instaladoras eléctricas, también se ha hecho eco de la no aprobación y han destacado algunos de los puntos destacados del texto para su colectivo. Afirman que han trabajado “de forma proactiva para impulsar la convalidación de este Real Decreto-ley, tanto directamente, como a través de Confemetal y Ceoe, así como en coordinación con organizaciones del ámbito renovable”, y añaden que consideran “importante seguir contribuyendo con el punto de vista del sector de las instalaciones, aportando propuestas que sumen tanto al colectivo de empresas instaladoras como a la sociedad”.