Energía
El Miteco anuncia más de 13.500 millones de inversión en electrificación en los próximos 5 años
La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, presentó el pasado viernes la Propuesta de planificación de la red de transporte de electricidad con horizonte 2030, que saldrá a información pública próximamente. En ella se prevé una inversión de 13.590 millones de euros hasta el final de la década, que estará orientada a cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, con prioridad a los proyectos industriales.
Aagesen expuso también las claves del Proyecto de real decreto por el que se regulan los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, que ya ha iniciado el trámite de audiencia que puede consultarse en este enlace. El objetivo del Ejecutivo es dotar al sistema de “un marco para desarrollar una red eléctrica que nos permita seguir electrificando nuestra economía, para anticipar el despliegue de redes e impulsar proyectos de descarbonización y modernización de la economía y reforzar la competitividad”.
Destacó los indicadores de calidad de nuestras redes eléctricas y su “sobresaliente capacidad de integración de renovables, a la vez que contiene el coste de las infraestructuras para los consumidores”. Y puso el énfasis en cómo atrae al tejido económico por el bajo precio de la electricidad, lo que ha supuesto que se hayan otorgado en lo que va de década acceso a las redes para proyectos que suman más de 43 GW en demanda de energía. El Gobierno insiste en que “el principal motor de la próxima Planificación es la demanda, que representa el 41 % de las solicitudes recibidas, más de 7.000, seguida por la generación, con el 40 %, y el almacenamiento, con el 19 %. El número de peticiones no sólo se ha multiplicado por cinco, sino que los consumos son de mayor tamaño y ha cambiado notablemente su tipología”, señalan desde el Miteco.
Propuesta de planificación en detalle
La Propuesta de planificación plantea atender 27,7 GW desde la red de transporte, lo que implica multiplicar por 14 los 2 GW de la vigente Planificación con horizonte 2026. Este fuerte crecimiento también se produce en la red de distribución, con 5,3 GW, y por eso la propuesta plantea 422 ampliaciones de conexión (142 en la red de transporte para nuevos consumidores, 84 para agentes especiales, como Adif y puertos, y 196 apoyos a la red de distribución), repartidos de la siguiente forma:
- 9 GW para proyectos industriales.
- 1,8 GW para desarrollos residenciales y nuevas viviendas.
- 560 MW para electrificación ferroviaria.
- 1,2 GW para electrificación portuaria
- 13,1 GW para producción de hidrógeno verde.
- 3,8 GW para centros de procesamiento de datos.
En el caso de la generación, las peticiones de nuevas instalaciones de renovables están alienadas con los objetivos establecidos para 2030, con 60 GW de nueva eólica; otros 150 GW de fotovoltaica y más de 100 GW de almacenamiento, todos ellos por encima de lo previsto en el PNIEC. La Propuesta plantea actuaciones de mejora en el 21 % de la red y nuevos ejes para cohesionar y vertebrar más el territorio, con especial incidencia en zonas rurales. El Ejecutivo prevé que “estos refuerzos, por otro lado, facilitarán la integración de las renovables y el almacenamiento previsto –incluidos 6,6 GW de hidroeléctrica reversible–, limitando los vertidos esperados al final de la década al 3,3 %”.
Reforzar las redes eléctricas, manteniendo la protección de los consumidores
Transición Ecológica está de acuerdo en que “para alcanzar ese ritmo de electrificación de la economía es necesario reforzar la regulación vigente para incrementar el volumen máximo de inversión en las redes de transporte y distribución con cargo al sistema eléctrico, pero manteniendo la protección de los consumidores”. De este modo, el real decreto quiere promover el aprovechamiento de las redes existentes –incentiva la incorporación a la red de infraestructuras de evacuación o de consumo que suministren a más de un consumidor–, y promueve el uso de tecnologías inteligentes. Por todo ello prevé un aumento de la inversión en redes de 3.600 millones para las redes de transporte y de 7.700 millones para distribución. A ello hay que sumar las inversiones en interconexiones internacionales, no sujetas a los límites de inversión, así como inversiones financiadas con fondos europeos
En el caso de la red de distribución, el destino de este volumen de inversión adicional está condicionado a que se destine a mejorar la red, a cubrir nuevas necesidades de consumo –contribuyendo a compartir y compensar el coste del despliegue de infraestructuras en las facturas de los consumidores–, y a proteger la avifauna contra colisión y electrocución. Por eso se ha previsto que:
- Al menos el 10 % debe mejorar el control de tensión e incorporar telemando y telecontrol
- Un máximo del 15 % podrá ser para inversiones anticipatorias, entendidas como aquellas a ejecutar durante los tres años siguientes en zonas sin red donde se prevea una dinamización de las demandas y la atracción de industria.
- Hasta un 5 % en adaptar las redes existentes para proteger la avifauna
- Inversiones necesarias para satisfacer demandas de industrias extractivas o manufactureras, demandas residenciales y descarbonizar la movilidad.
Control de proceso de inversión de las compañías distribuidoras
Otro factor que se quiere mejorar es la transparencia y el control del proceso de inversión de las compañías distribuidoras. De este modo, se introduce la obligación de someter sus planes de inversión a consulta previa y establece la publicación de los planes aprobados. También prevé un sistema de control anual del cumplimiento de dichos planes, así como penalizaciones, para asegurar que las inversiones se ajustan a lo previsto. Por ejemplo, las empresas perderán un 25 % del volumen de inversión incremental –adicional al cubierto por el límite del PIB– si durante los dos años previos a la entrada en vigor de este Real Decreto no hubieran alcanzado el 80 % de sus límites particulares de inversión; perderán el 10 % si han invertido por debajo del 75 % de la inversión aprobada en los tres años previos; y lo perderán totalmente si no presentan su informe anual de cumplimiento o si durante dos años consecutivos no han hecho uso del volumen de inversión incremental asignado
Además, se prevén condiciones para el despliegue de las infraestructuras y que se mantenga el equilibrio entre el crecimiento de la red y el incremento de la demanda, con el objetivo de minimizar la incidencia en la factura y seguir atrayendo proyectos y tejido productivo. El Gobierno destaca estudios que calculan que cada millón de euros invertido en redes tiene un efecto multiplicador de 1,27 millones sobre el Valor Añadido Bruto y un efecto multiplicador de 20 en la creación de empleo, por lo que valora el efecto beneficioso para el conjunto de la economía.
Los interesados pueden presentar sus alegaciones al Proyecto de real decreto de real decreto por el que se regulan los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica hasta el 6 de octubre, en el cuestionario al que puede accederse aquí.
